SOLANGE MÁRQUEZ/EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
En las últimas semanas, la crisis política de Venezuela ha dominado las conversaciones sobre América Latina. Tras la negativa de Nicolás Maduro a publicar los resultados de las elecciones, la represión se ha intensificado: más de 2 mil 400 personas han sido arrestadas y varias organizaciones no gubernamentales han sido cerradas. Edmundo González, el candidato opositor y presunto ganador de los comicios, se ha refugiado en España. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿se ha salido Maduro con la suya una vez más y se quedará otros seis años en el poder? ¿O aún existe alguna salida para los venezolanos?
Responder a estas preguntas es complejo. La esperanza de millones de venezolanos que el pasado 28 de julio salieron a las urnas para votar por un cambio se debilita cada día que pasa. Esta situación recuerda lo ocurrido en 2018, cuando Maduro manipuló las elecciones y permaneció en el poder luego de elecciones carentes de legitimidad. Entonces, como ahora, Venezuela estaba sumida en una crisis humanitaria: hiperinflación, colapso del sistema de salud, hambre y un éxodo sin precedentes. Hoy, más de 7.7 millones de venezolanos han emigrado, de una población total de 28.3 millones.
Sin embargo, a diferencia de elecciones anteriores, esta vez la oposición, encabezada por María Corina Machado, se presentó fuerte. Ante eso, el régimen de Maduro bloqueó la candidatura de Machado y, tras las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, declaró la victoria de Maduro sin publicar las actas, como establece la Constitución. La oposición ha afirmado y publicado actas que probarían el triunfo de Edmundo González, quien suplió a Machado en las boletas electorales.
Luego de meses de protestas, la intimidación y acoso contra la oposición volvieron a ser la marca personal de Nicolás Maduro, al grado de emitir órdenes de arresto contra varios opositores, incluido González. La táctica ha sido silenciar y desarticular a la oposición mediante la intimidación, la represión y el exilio forzado.
González pasó 32 días refugiado en la Embajada de los Países Bajos antes de trasladarse a la de España, donde negoció su salida del país bajo presiones y coacciones. Durante su estadía en la embajada española, fue visitado por altos funcionarios del gobierno de Maduro que le presentaron un documento que debía firmar para poder salir de Venezuela. Este episodio evidencia el control férreo del régimen sobre las salidas políticas y diplomáticas, lo que reduce aún más las opciones para la oposición venezolana.
Este clima de represión plantea una pregunta no sólo para Venezuela, sino para el resto de América Latina, incluyendo a México: ¿qué papel debería jugar la región frente a esta crisis que, además, tiene repercusiones más amplias? Con el éxodo de millones de venezolanos y la erosión de la democracia, México y otros países latinoamericanos enfrentan no sólo una crisis humanitaria, sino el reto de mantener la estabilidad democrática en sus fronteras.
México, Brasil y Colombia han adoptado una postura más cautelosa. Estos países han pedido la publicación de las actas de votación antes de tomar una posición definitiva y han barajado la posibilidad de un nuevo proceso electoral. Sin embargo, con el control que tiene el chavismo sobre los organismos electorales y los medios de comunicación, es probable que cualquier nuevo proceso electoral se convierta en una farsa más para legitimar el mismo resultado.
Lamentablemente, defender el deseo de cambio en Venezuela expresado en las urnas en julio parece no estar entre las prioridades de la comunidad internacional, donde la respuesta ha sido variada y compleja. Estados Unidos se negó a reconocer los resultados oficiales y el secretario de Estado, Antony Blinken, expresó "serias preocupaciones sobre las irregularidades". Washington incluso dio un paso sin precedentes al reconocer a González como el ganador legítimo de las elecciones, citando encuestas de salida y conteos de votos publicados por la oposición.
En América Latina, un grupo significativo de naciones alzó la voz en contra de los resultados oficiales. Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una declaración conjunta exigiendo transparencia y el reconocimiento de la voluntad de los votantes. Estos países han ido más allá de las palabras, demandando una revisión completa de los resultados en presencia de observadores electorales independientes.
La respuesta de Maduro a estas críticas ha sido, como era de esperar, beligerante. El gobierno venezolano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos, incluyendo a Chile que, aunque no firmó la declaración conjunta, ha sido vocal en su escepticismo sobre los resultados.
Sin embargo, la influencia de este grupo de países parece limitada. El apetito por una nueva campaña de presión que involucre sanciones contra Venezuela es escaso, en parte por los intentos similares en el pasado pueden haber profundizado la miseria económica del país sin lograr desestabilizar al régimen de Maduro. Además, existe la preocupación de que sanciones más amplias podrían aumentar la migración, un tema ya complicado en la región y en Estados Unidos, que vive sus propios dilemas rumbo a la elección de noviembre próximo. Mientras tanto, algunos países como Cuba, China, Irán, Nicaragua y Rusia han reconocido la victoria de Maduro. Aunque su apoyo es limitado, proporciona cierta legitimidad internacional al régimen y complica los esfuerzos de presión por parte de la comunidad internacional.
En este contexto, la pregunta sigue siendo: ¿hay alguna salida para Venezuela? Las alternativas parecen escasas. La posibilidad de una negociación mediada internacionalmente o de una nueva presión diplomática coordinada enfrenta serios obstáculos, dada la fortaleza del control de Maduro sobre las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad.
EU, a pesar de su posición vocal, está limitado por sus propias presiones políticas tanto en lo migratorio como en términos de los precios del petróleo. No olvidemos que Venezuela cuenta con la mayor cantidad de reservas probadas de petróleo en el mundo. Sin embargo, sus posibilidades de explotación están limitadas tanto por las sanciones económicas de EU como por la propia corrupción e incompetencia del régimen para su explotación. Cuando el chavismo llegó al poder se extraían cerca de 3 millones de barriles de petróleo al día; en la actualidad ese número llega apenas a 500 mil barriles diarios. Las posibilidades de apoyo internacional a María Corina Machado y a la mayoría de venezolanos que buscaban un cambio por medio del voto se evaporan cada día.
El próximo 10 de enero, salvo que algo extraordinario ocurra, Nicolás Maduro tomará protesta como presidente de Venezuela una vez más. Lo hará con plena conciencia de la falta de legitimidad que lo acompaña y, sin duda, endurecerá su gobierno con políticas más radicales contra la oposición. La fachada democrática que había sostenido el régimen se ha caído por completo en estas elecciones, lo que deja a los venezolanos con pocas opciones y agrava la posibilidad de más represión gubernamental.
Para la oposición, el reto en los próximos meses será mantenerse firme, exigiendo el reconocimiento de González como el presidente legítimamente electo. Sin embargo, la realidad es sombría. Las posibilidades de que la comunidad internacional actúe con mayor contundencia son escasas. El foco de atención internacional sigue en Ucrania y la guerra en Israel, lo que deja a Venezuela en una situación de relativa indiferencia global.
La crisis en Venezuela no solo afecta a los venezolanos; tiene implicaciones profundas para toda América Latina. El éxodo masivo presiona los sistemas sociales y económicos de los países vecinos, incluido México, que ya enfrenta retos migratorios complejos. Además, la erosión económica y política en Venezuela amenaza con desestabilizar la región, creando un precedente peligroso en cuanto a la perpetuación de regímenes autoritarios.
Recientemente, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, advirtió que quienes no reconozcan el veredicto oficial del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones no podrán participar en futuros procesos, eliminando cualquier posibilidad de competencia libre y justa, con lo que parece escribirse el colapso de la oposición. La fractura y la falta de estrategia más allá de la movilización, la falta de apoyo internacional práctico más allá de las declaraciones pareciese sellar el destino de Venezuela y el sufrimiento de millones de venezolanos: la confirmación del autoritarismo los próximos años. Cambiar ese destino dependerá tanto de la movilización interna como del apoyo internacional. Las democracias, incluyendo a Estados Unidos, no deberían ignorar una crisis que amenaza la seguridad y estabilidad de la región.
