EL PAÍS
MANUEL V. GÓMEZ
El Gobierno húngaro del ultraconservador Viktor Orbán ha cometido “una violación inédita y excepcionalmente grave del Derecho de la UE”, según el TJUE.
La negativa del ultraconservador Viktor Orbán, primer ministro húngaro, a que su país acogiera refugiados procedentes de Siria en la crisis humanitaria de 2015 y 2016 le va a costar a Hungría 200 millones de euros. Además, deberá abonar un millón de euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, ha fallado este jueves que el Gobierno de Budapest ha cometido una “violación inédita y excepcionalmente grave del derecho de la Unión”. La decisión se basa en que el Ejecutivo magiar no acató una sentencia previa, de 2020, en la que se le instaba a cumplir con el sistema de reparto de refugiados cuando la guerra en el país árabe causó la salida de cientos de miles de personas hacia Europa.
Hace algo menos de cuatro años, los jueces de Luxemburgo fallaron que el Gobierno de Orbán “no había respetado las normas del derecho de la Unión relativas, en particular, a los procedimientos de concesión de protección internacional”. Hungría, como también hicieron Polonia y la República Checa, ignoró el mecanismo de reubicación que pactaron los Estados miembros en el Consejo de la UE para aliviar la presión que sufrían en aquellos momentos Grecia e Italia, los países por los que entraba la mayoría de refugiados sirios. Argumentaron que el sistema acordado no funcionaba y que no era apropiada la colaboración con Atenas y Roma.
En aquella primera sentencia, los jueces de la UE ya apuntaron que los tres países incumplidores “no pueden invocar ni sus responsabilidades en materia de mantenimiento del orden público (...) ni la supuesta disfunción del mecanismo de reubicación” de 2015 “para sustraerse a su ejecución”. Aquel fallo daba la razón a la Comisión Europea, que en diciembre de 2017, llevó a los tres países ante la justicia. Pese a esta sentencia, Budapest siguió incumpliendo con sus obligaciones de recolocación de refugiados y esto llevó a Bruselas a aplicar un nuevo procedimiento sancionador que ha acabado con esta multa de 200 millones.
“Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020″, señala el comunicado del TJUE. “Al proceder de este modo, vulnerando el principio de cooperación leal, evita deliberadamente aplicar la política común de la Unión en materia de protección internacional en su conjunto”, razonan los magistrados. Con su actitud, el Ejecutivo húngaro “menoscaba gravemente el principio de solidaridad”, prosigue el texto.
Durante los años en que Budapest minó este principio básico de la UE, Hungría fue el país que más dinero recibió del presupuesto comunitario en términos relativos: entre lo contribuido al presupuesto común y recibido de él en el periodo 2014-2020, el saldo neto se acercó al 4% de su renta nacional bruta, por encima de Bulgaria, Lituania o Letonia.
Viktor Orbán, calificó este jueves de “indignante e inaceptable” la multa de 200 millones de euros. “Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos”, dijo Orbán en un mensaje a través de la red social X, difundido también por la agencia EFE.
