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El órgano de Fiscalización de Veracruz inició 157 investigaciones en los últimos cuatro años por presunto daño patrimonial a entes estatales, de la cuales solo 9 están concluidas y se han determinado cuatro faltas administrativas.
En el informe de seguimiento de las observaciones de presunto daño patrimonial por parte del Orfis se detalla que entre durante el periodo del 2019 al 2022 se presentaron 124 denuncias, la mayoría en contra de ayuntamientos.
Solo dos corresponden al gobierno del estado, se trata de una denuncia contra del fideicomiso Expover por un daño de 21.5 millones de pesos y otra del tecnológico de Veracruz por 74 millones de pesos.
En el seguimiento a los entes estatales con investigaciones por daño patrimonial se determinó sanciones a unas cuatro dependencias.
En 2021, se determinó un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en contra del Instituto Veracruzano de educación para los adultos, en 2020 se sancionó con falta administrativa al Instituto Veracruzano de la Vivienda y a la Secretaría de Turismo y Cultura. Mientras que en 2019 la calificación de falta administrativa fue para la Secretaría de finanzas por el informe de deuda pública.
De acuerdo con el Orfis por estas investigaciones se realizan notificaciones a los sujetos investigados con la intención de formular líneas de investigación y allegarse de elementos para determinar o no la responsabilidad administrativa.
Concluidas las diligencias de investigación, la Unidad de Investigación del Orfis procederá a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.
Una vez calificada la conducta, en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.
Asimismo, en caso de que se adviertan actos que pudieran ser constitutivos de delitos, la Unidad de Investigación lo hará del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que, en su caso, se proceda a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que competa.
En estos cuatro años se han realizado notificaciones de requerimiento de información a más de 1 mil 900 servidores y ex servidores públicos y más de 130 verificaciones físicas a obras públicas.
