PERLA SANDOVAL/AVC NOTICIAS
XALAPA
Integrantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua acudieron a las oficinas del organismo Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para entregar un documento con propuestas en torno a la iniciativa del acuerdo nacional por la seguridad y sustentabilidad hídrica planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La acción, que fue replicada en otros estados, busca crear puentes de diálogo y presentar propuestas en torno a esta iniciativa a la que convocó la presidenta el día que rindió protesta en el cargo y en el que prometió reformas jurídicas necesarias para enfrentar los grandes retos en la gestión del agua y asegurar su uso equitativo y sostenible en México.
Al respecto, Luisa Paré, integrante de esta Contraloría, recordó que en 2012 se conformó en el país la Coordinadora Nacional “Agua para todos, agua para la vida” a partir de la cual se generó una iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas que no fue dictaminada ni avalada en el Congreso de la Unión.
Lamentó que han pasado cuatro legislaturas y hasta ahora el país no cuenta con una Ley de Aguas Nacionales, aunque dijo esperar que la actual Legislatura federal analice las propuestas que se han hecho para poder expedir el documento. en que no tenemos una Ley de Aguas
Y es que dijo que la Ley de Aguas Nacional que existe fue aprobada cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio copiando el modelo de Chile, pero fue una ley que exigían los socios del tratado, Estados Unidos y Canadá y había un “machote” general para diferentes países, en cuestiones de inversión.
En ese sentido agrega que si bien la ley menciona el derecho al agua y al saneamiento esta no señala con claridad en su articulado que se tenga lo necesario para garantizar este derecho, de ahí que es necesario tener una nueva ley que se ajuste a la actualidad.
“Una cosa es que lo nombren como la Ley de Veracruz y otra cosa que artículo por artículo se tenga lo necesario para garantizar el derecho al agua y saneamiento”.
¿QUÉ PROPONE LA CONTRALORÍA?
Luisa Paré señaló que uno de los grandes pendientes es garantizar que los sistemas comunitarios del agua sean reconocidos como sujetos de derecho, con voz y voto en órganos y consejos de gobierno para la toma de decisiones.
En ese sentido comentó que actualmente en el país se cuentan con 25 mil sistemas comunitarios en zonas indígenas, rurales y periurbanas; estos cuentan son sus comités y sistemas de agua pero no son reconocidos como sujetos de derecho y en consecuencia no tienen financiamiento.
“En el pasado dependían de algún político y ahora se exige que sea plasmado en la ley, por eso se busca que haya el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua como sujetos de derecho público, deben estar sentados en los consejos y órganos de gobierno para tener voz y que puedan presentar sus problemas”.
Recordó que en la propuesta que actualmente se discute en el Congreso de la Unión se menciona que los municipios deben apoyar, financiar a estos sistemas, pero agregan entre sus atribuciones la revocación de funciones, por lo que dijo esto “causa ruido” ya que es el mismo sistema el que debe hacer cambios o revocaciones.
Por su parte, Federico Márquez Hernández, afirmó que en el documento que este martes se entregó a la Conagua en Veracruz se incluyen diagnósticos y propuestas sobre el acuerdo nacional anunciado por la Presidenta.
Indicó que las dinámicas actuales han ido dificultando el acceso al derecho humanos al agua y el sanemos como el sobre concesionamiento, acaparamiento, despojo y contaminación.
A esto se suma la falta de reconocimientos de derecho al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios.
Ante ello proponen 12 consensos por la Ley General de Aguas, entre los que se busca respetar la naturaleza, contar con una planeación consensuada para restaurar cuencas y acuíferos; respetar las aguas de los pueblos, núcleos agrarios y sistemas comunitarios.
Acabar con la compra-venta de derechos, el acaparamiento y el despojo; acceso prioritario, eficiente y universal a agua potable para uso doméstico; cerrar la puerta a la privatización; la regeneración de aguas residuales utilizando soluciones basadas en la naturaleza.
También ponerle fin a la contaminación, prohibir agua para minería tóxica, “fracking” y megaproyectos destructivos; asegurar recursos públicos suficientes; garantizar acceso pleno a la información; justicia hídrica frente a la impunidad y la corrupción, y a favor de los defensores.
