JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA
La Alianza Mexicana contra el Fracking señala que cinco diputados federales de Veracruz no cumplieron con su obligación de defender el territorio del fracking o fracturación hidráulica, técnica utilizada para extraer hidrocarburos.
Los ambientalistas indican que de los 500 diputados que debieron prohibir esta peligrosa y contaminante tecnología, destacan 95, de todos los grupos parlamentarios, que pertenecen o representan a los distritos afectados o potencialmente dañados por la fractura hidráulica en todo el país.
En el caso de Veracruz destaca Armando Antonio Gómez Betancourt, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), representante del Distrito I de Pánuco, donde hay una superficie potencialmente con fracking de 786 mil 233 hectáreas, es decir, en el 80% del distrito.
También señalan al diputado Valentín Reyes López, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien representa al Distrito XIX de Cosamaloapan, donde hay 643 mil 951 hectáreas con fracking, en el 94 por ciento del distrito.
En la lista aparece María del Carmen Pinete Vargas, del PVEM, quien representa al Distrito II de Tantoyuca, donde el fracking se ha extendido en el 80 por ciento del territorio (459 mil 420 hectáreas).
En la misma situación está Rocío Hernández Villanueva, diputada de Morena por el Distrito III de Tuxpan, donde el fracking se encuentra en el 90 por ciento del territorio (278 mil 535 hectáreas).
Además, aparece en el listado Raquel Bonilla Herrera, diputada de Morena por el Distrito V de Poza Rica, donde el 100 por ciento de su distrito presenta fracking (106 mil 695 hectáreas).
“En unos meses se irán los legisladores de la LXV legislatura; algunos pretenden reelegirse o pasar a otro puesto de elección popular, y varios de ellos se van dejando enormes deudas con sus electorados. Es el caso de los diputados y diputadas de las zonas donde se utiliza el fracking o fractura hidráulica para la extracción de petróleo y gas”, indican los ambientalistas.
CRISIS HÍDRICA
En lo que va de la administración se presentaron ocho iniciativas en el Congreso de la Unión para la prohibición del fracking, incluyendo una iniciativa presidencial, pero ninguna ha sido ni siquiera discutida.
“Cada pozo donde se realiza fracking consume y contamina entre 9 y 29 millones de litros de agua. Esto, en una crisis hídrica como la que enfrentamos hoy, significa que estos legisladores no cumplieron con su deber de garantizar, y proteger el derecho humano al agua de la población entera, vulnerando en especial a las comunidades donde ya se realiza fracking”.
Casi el 20% de la Legislatura que se va, 95 diputados y diputadas de un total de 500, son representantes populares de regiones donde se utiliza el fracking.
Se trata de 39 distritos electorales que total o parcialmente están siendo afectados o potencialmente afectados por fracking en sus territorios. De ese total, 41 son de Morena, 19 son del PRI, 14 del PAN, 11 del PVEM, 4 de MC, 4 del PT y 2 del PRD.
“Su inacción para sacar adelante la prohibición del fracking en el presente periodo de sesiones, continúa abierta la puerta para que un territorio de más de 9 millones de hectáreas se mantenga directamente amenazado y afectado por el uso de esta técnica”, indican los integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La organización CartoCrítica, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, elaboró un mapa interactivo en el que cruza los territorios donde ya se realiza fracking junto con aquellos en los que potencialmente se pueden hacer nuevos procesos de fracking con el distrito electoral en el que están ubicados.
El mapa está disponible en: https://fracking.cartocritica.org.mx/. El resultado es que 95 legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas no asumieron su responsabilidad de proteger a la población prohibiendo una técnica peligrosa y contaminante de extracción de hidrocarburos.
El geolocalizador muestra las regiones donde actualmente se lleva a cabo fracking y donde podría ampliarse la superficie destinada a esta práctica, ubicadas en los estados de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
“La responsabilidad de prohibir el fracking es de todo el Congreso, pero ellos son los representantes electos de los distritos donde ya se hace y se hará más fracking y, por lo tanto, tienen mayor responsabilidad para proteger de este daño a sus poblaciones y para garantizar que la provisión de agua en primer lugar sea para las personas y sus medios de vida. Han fallado estos diputados y diputadas. Son los diputados del fracking.”, afirmó Manuel Llano, director de CartoCrítica e integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
INTERVENCIÓN JUDICIAL
Pobladores y ambientalistas, que defienden del fracking al territorio totonaca en Papantla, al norte de Veracruz, exigieron al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz que emita una sentencia al amparo promovido en 2023 para que se frene dicha actividad devastadora en la entidad.
A casi un año de que habitantes de 14 comunidades totonacas interpusieran la demanda de amparo en contra del uso del fracturamiento hidráulico como método de extracción de hidrocarburos en su territorio, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la autoridad judicial para que ordene las pruebas científicas necesarias para emitir una sentencia que profundice en las problemáticas asociadas a dicha actividad.
En la demanda de amparo, presentada el 22 de marzo del 2023, en el Día Mundial del Agua, las y los habitantes reclaman que el fracking afecta gravemente su patrimonio biocultural y viola sus derechos humanos, particularmente el acceso a la información ambiental, a la participación, al agua y a un ambiente sano.
En por lo menos mil 231 pozos petroleros y el 56.8% del total de pozos del municipio de Papantla se ha usado fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos altamente nociva para el medio ambiente y la salud humana, sin proporcionar información adecuada ni consultar a las y los habitantes.
Por la importancia nacional e internacional de este caso, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó el pasado 29 de enero un escrito legal (amicus curiae) que proporciona al juez información técnica y científica relacionada con los efectos que el fracking tiene en las personas, las comunidades, el clima y los ecosistemas.
En el escrito se resaltan también diversos estándares internacionales vigentes en la materia y ejemplos de cómo se han resuelto casos similares en otras partes del mundo.
Expertas y expertos internacionales explican los riesgos que implica el uso del fracking por la contaminación del agua, el aire, los suelos y los alimentos con afectaciones a seres vivos.
El fracking es un método de extracción no convencional de gas fósil y petróleo, en el cual se perfora el subsuelo a grandes profundidades y se inyectan a alta presión elevados volúmenes de agua combinada con químicos.
Según datos científicos, la cantidad aproximada de agua utilizada por pozo varía entre 9 y 29 millones de litros. También genera altas emisiones de gases que afectan la calidad del aire y agravan la crisis climática, de los cuales preocupa particularmente el metano por ser uno de las causas principales del calentamiento global.
En el caso del municipio de Papantla, existe una situación inaceptable de incertidumbre e inconsistencias en la información disponible en torno al uso del fracking, específicamente respecto de las sustancias utilizadas para la fracturación de rocas, los lugares en donde se realiza y los impactos que produce.
Esto representa una violación sistemática a los derechos de acceso a la información de las personas que viven en los entornos adyacentes a los pozos, particularmente el pueblo totonaco.
Como señala el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el acceso a la información y la participación en asuntos ambientales son partes esenciales del derecho a un medio ambiente sano, por lo que la violación a los primeros implica una violación al último.
Para las comunidades totonacas, el fracking genera daños graves e irreversibles a la salud, el agua, los ecosistemas y el territorio ancestral. Hasta la fecha, las y los habitantes del municipio no conocen a fondo los efectos que esta actividad está y seguirá causando en sus cuerpos y en su territorio.
Por ello, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos este boletín hacemos un llamado respetuoso al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz para que ordene el desahogo de todas las pruebas que estime necesarias para conocer a fondo la problemática ambiental y de derechos humanos asociada al uso del fracking en Papantla y así pueda emitir una sentencia que proteja a las personas y al ambiente.
Las asociaciones civiles que se han pronunciado al respecto son: Territorios Diveros para la Vida, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (CEMDA) y la Alianza Mexicana contra el Fracking, por mencionar algunas.
