*Inyectará al proyecto a través del Grupo Carso más de mil millones de pesos
*Obra se concluirá en el plazo de un año y tendrá un costo total de 5 mil 134.8 millones de pesos
Guadalupe López Espinosa
Xalapa
Carlos Slim y su Grupo Carso es quien retoma la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, inyectando al proyecto más de mil millones de pesos, señaló Tomás Ruiz González, secretario de Infraestructura y Obras Públicas, al comparecer ante el Congreso local.
Aseguró que la obra se concluirá en el plazo de un año y tendrá un costo total de 5 mil 134.8 millones de pesos.
Luego de señalar los antecedentes de la obra y los motivos por los cuales se encuentra paralizada desde 2013, señaló que después de un acuerdo al que llegaron el Gobierno del Estado con todas las partes que intervienen en el proyecto, determinaron reanudar los trabajos a la brevedad posible y bajo las condiciones acordadas.
Destacó que la persona moral del concesionario no cambia, porque sigue siendo el mismo; la propiedad del principal miembro del consorcio que es la empresa FCC Construcciones, de origen español, ha sido adquirida en su control y en su mayoría por el grupo de Carlos Slim.
“Todos sabemos que este es un grupo que no tiene problemas de liquidez, esto le agrega una garantía al hecho de que esperamos con una probabilidad amplia que se concluya en este periodo de 12 meses, esto le viene a dar un refuerzo importante de tal suerte que el flujo de recursos a la obra va a ir avanzando y concluir en 12 meses, pues la inyección de capital que se realiza es muy importante ya que es de mil 12 millones de pesos.
Dijo que una vez concluida esta comparecencia, en nombre y con la representación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, entregaría a esta asamblea la solicitud de autorización para modificar los términos y condiciones del título de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener un túnel sumergido de Coatzacoalcos que el gobernador otorgó el 22 de septiembre de 2004, y que contempla ampliar el periodo de concesión de 37 a 45 años.
Apuntó que de acuerdo con el último informe técnico, la obra presenta un buen comportamiento en general, está consolidada y se le ha dado vigilancia y mantenimiento constante; ha resistido temblores importantes en los últimos meses y no presenta fugas ni fallas estructurales.
Sin embargo, destacó que la obra cuenta con un ingeniero independiente en sitio de la empresa reconocida Cal y Mayor, quien ha insistido en la necesidad de continuar con los trabajos, ya que considera que aun cuando la estructura del túnel se ha comportado de manera adecuada sí existe un riesgo al no encontrarse cerrada de que un movimiento telúrico de magnitud considerable pudiera generar un problema grave y afectarlo.
Tomás Ruiz apuntó que él recibió un proyecto quebrado y reclamos de la constructora y concesionaria por mil 100 millones de pesos; y sin financiamiento por parte de los bancos e hizo referencia a la situación jurídica que prevalece con relación al proyecto, es decir, a las demandas de orden civil y mercantil y denuncias penales presentadas por el ORFIS y la misma Secretaría en contra de los responsables del daño patrimonial por 500 millones de pesos detectados en la obra del túnel sumergido y respecto al cual aseguró que no habrá impunidad.
Mencionó que entre los compromisos pactados el Concesionario se obliga a aportar todos los recursos necesarios para la terminación y puesta en operación del Túnel Sumergido y a reiniciar los trabajos de construcción, cuyo plazo no excederá de 12 meses contados a partir de la aprobación, en su caso, de la modificación al título de concesión y su respectiva publicación en la Gaceta Oficial, y se rechazan la totalidad de los reclamos de sobrecostos de la obra.
También, se compromete a compartir ingresos excedentes a 50 por ciento entre Concesionario y Gobierno del Estado, en caso de superarse la TIR de 12 por ciento real; modificación del plazo de la concesión del túnel (37 años actuales a 45 años máximo permitido por ley).
Asimismo, dijo que las partes se comprometen a concluir con los procedimientos judiciales iniciados por ambos lados, se trata, dijo, de procedimientos de carácter civil, mercantil, no así de las denuncias penales por posibles hechos ilícitos por posible daño patrimonial; esto no es negociable, se negocia la terminación de los juicios de ambas partes.
Ya en la fase de preguntas y respuestas, diputados del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PT, insistieron en preguntar sobre las denuncias que aseguró su antecesor Gerardo Buganza, se habían presentado en contra de funcionarios o exfuncionarios por un presunto desfalco por 2 mil millones de pesos, pero el secretario se concretó a señalar que Buganza jamás había hablado de eso y que ninguna acción de fiscalización había detectado ese desfalco, y reiteró que el daño patrimonial es por 500 millones de pesos.
Dijo que la prioridad del Gobierno del Estado es poner en servicio esta importante obra de infraestructura, y hacerlo a la mayor brevedad antes de tener posibles daños por riesgos que se corren mientras no se concluya, de nada serviría detener la obra por un aspecto normativo.
Cabe señalar que la comparecencia del secretario transcurrió en medio de la protesta de los diputados de Acción Nacional, quienes desde sus curules mostraron pancartas de crítica a la construcción del puente sumergido, manifestando que la obra está sumergida en la “corrupción y en la impunidad”. Asimismo, mostraron grandes cucharas de madera, de las conocidas como “moleras”, con las cuales, dijeron, “se sirvieron los funcionarios que se llevaron la lana”.
