*Presentó ante el pleno del Congreso un anteproyecto de punto de acuerdo para que el Orfis la practique
*Con ello, se estaría acorde con la reforma federal en disciplina financiera
Guadalupe López Espinosa
Xalapa
El diputado Francisco Garrido Sánchez, presentó ante el pleno del Congreso un anteproyecto de punto de acuerdo por el que se instruye al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para llevar a cabo una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público estatal, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, así como para publicar los resultados de la misma.
Antes, en entrevista, señaló que hay posibilidades de que comparezca ante el Congreso el contralor general del estado, Ricardo García Guzmán, para que informe todo lo relacionado con la fase de solventación de los exservidores y servidores públicos en torno a la Cuenta Pública 2013, y con relación a los fondos federales y la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
En su anteproyecto de punto de acuerdo, mencionó que con fecha 26 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Dicha reforma, dijo, descansa en el principio de estabilidad en las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación democrática del desarrollo y contempla las responsabilidades financieras para contratar deuda y de la contratación de operaciones de refinanciamiento o reestructura; así como el sustento constitucional al otorgamiento de garantías estatales para créditos contraídos por municipios.
También, recordó, se crea el Registro Único de Deuda y un sistema de alerta para su manejo con requisitos específicos; se prohíbe contratar deuda pública para pago de gasto corriente, sólo para inversiones públicas productivas; señala previsión para que las legislaturas locales autoricen la contratación de crédito público con mayoría calificada (dos terceras partes); debiendo considerar que en la contratación de créditos se observen las mejores condiciones de mercado, el destino de los recursos, la capacidad y establecimiento del pago o el otorgamiento de las garantías, entre otras cosas.
Bajo esa tesitura, dijo, y considerando que el referido Decreto, de conformidad con su artículo Primero Transitorio, empezó a surtir sus efectos al día siguiente de su publicación y el término establecido de 90 días a la fecha está corriendo para que esta Legislatura a través del Órgano de Fiscalización Superior, realice y publique una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público estatal, “es que resulta necesario que emitamos la instrucción correspondiente al citado Órgano de Fiscalización, para dar cabal cumplimiento al contenido del artículo Transitorio Séptimo, penúltimo párrafo del Decreto, a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios”.