*Confía integrante de Equifonía que fallo de la SCJN sea a favor de las mujeres
*Obligaría a modificar códigos penales estatales
Guadalupe López Espinosa
Xalapa
Si la Suprema Corte de Justicia se llega a pronunciar por la despenalización del aborto en todo el país, se deberían modificar a los códigos estatales. Asimismo, esto implicaría una nueva responsabilidad para la Secretaría de Salud, la cual debería atender a las mujeres que bajo cualquier circunstancia decidan interrumpir un embarazo, señaló Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía.
Sin embargo, para la activista, en Veracruz ya se pueden realizar diferentes pasos para avanzar en atender, de entrada, una problemática de salud pública que son las complicaciones a las que se enfrenan las mujeres por abortos clandestinos mal practicados, como afectaciones a la salud y en algunos casos, hasta la muerte.
Por otro lado, consideró que hay vacíos legales respecto a las causales de no punibilidad para el aborto contempladas en nuestro Código Penal. Una de ellas es el acceso a un aborto no punible cuando el embarazo es producto de una violación, pues no se establece con claridad cuál es la autoridad competente para su autorización.
Por otro lado, destacó que es importante que capacite al personal de salud que atiende abortos en evolución, pues más que centrarse en investigar si fue una interrupción del embarazo causada o espontánea debe atender la emergencia.
Al respecto, es de señalar que hace un tiempo se llevaba a cabo un programa para capacitar al personal de la Secretaría de Salud sobre los procedimientos más seguros para provocar un aborto, que son el uso del misoprostol y la aspiración manual, en el caso de un procedimiento ya iniciado. Sin embargo, éste desapareció.
Asimismo, también urge capacitar al personal sobre los peligros del uso del legrado en pro de las aspiración manual, pues a las gestantes que llegan con un aborto en evolución a un hospital se les ofrece esta opción, la cual de las tres técnicas existentes es la más riesgosa para las mujeres.
En cuanto a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie por la despenalización de este procedimiento, la activista señaló que espera este acontecimiento, pues la eliminación del tipo penal implica una modificación a los códigos estatales, así como darle una responsabilidad más a la Secretaría de Salud para la atención de las mujeres que bajo cualquier circunstancia decidan interrumpir un embarazo.
Por ello, de darse este hecho, se debería capacitar al personal en Salud y a quienes están ahora en la Fiscalía General, para poder garantizar este derecho a las mujeres, “pero estaremos a la espera de la resolución de la Suprema Corte esperando que sea favorable para las mujeres”.
Por último, Araceli González lamentó que si bien ahora la mujer ya no es juzgada por el delito de aborto y castigada con cárcel, sino con atención psicológica y otros tratamientos, se le imputa el delito de homicidio en grado de parentesco, lo cual agrava a la situación de las mujeres. Además, hizo saber que los centros donde supuestamente deben ir a “reeducarse” y a ser atendidas realmente no operan, ni siquiera cuando están dentro de la estructura formal de la Secretaría de Salud, asimismo, no hay un programa establecido para su atención.
