*Denuncia el representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
*Es una práctica arraigada en autoridades de los tres niveles de Gobierno
Yhadira Paredes
Xalapa
El representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), Jesús Peña Palacios, señaló que las autoridades mexicanas se niegan a dar un registro real de los casos de tortura que se registran en el país, entre ellas las de tortura sexual, a pesar de ser una práctica arraigada en las autoridades estatales, municipales y federales.
En su participación en el Foro sobre tortura sexual: Realidad que también viven las mujeres veracruzanas, que se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo (Ciesas) de esta capital, sostuvo que se deben hacer modificaciones a la forma en que son procesados los presuntos culpables de delitos.
Consideró que las autoridades mexicanas deben emitir un reporte puntual de las personas que son víctimas de tortura para conocer un registro desglosado de las mismas.
Asimismo, lamentó que la legislación nacional no califique como grave el daño ocasionado por la aplicación de métodos de tortura para arrancar una confesión, violando los tratados de la convención interamericana.
Peña Palacios recordó que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que tortura es todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflige a una persona pena o sufrimiento explícito, con fines de investigación criminal, método intimidatorio, o cualquier otro fin.
Destacó que la tortura no se limita solo a la agresión física, sino que puede ser por sufrimiento psicológico o angustia por amenazas.
Asimismo, indicó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dejado en claro que no es suficiente solo la prohibición de la tortura, o su tipificación como delito, sino que se deben establecer mecanismos de control.
Es decir, se debe realizar una investigación eficaz de las denuncias que se han presentado por tortura, pues la indiferencia e impunidad del Estado constituyen una forma de incitación o autorización de ésta.
Además, se debe disponer de recursos eficaces para la atención a víctimas, así como evitar la incomunicación de las personas detenidas, mantenerlas en lugares públicos, consignar nombres y lugares de detención de las personas, así como la inaccesibilidad de confesiones obtenidas bajo tortura.
De igual forma —destacó— el Estado deberá velar para que cuando se sospeche que una confesión fue obtenida por tortura, se proceda a una investigación pronta e imparcial, además de sancionar con severidad esta práctica.
“Una medida es que la ley prohíba la utilización en los procesos judiciales de las confesiones obtenidas bajo tortura”.
CASOS DE TORTURA SEXUAL NO HAN SIDO INVESTIGADOS
Jesús Peña Palacios refirió que la mayoría de los casos de tortura sexual no han sido investigados ni sancionados, o bien, han sido calificados como conductas normales.
Sostuvo que esto es lamentable, además de que las víctimas son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos.
“Es necesario tomar conciencia de la realidad del problema, actividades como las del días de hoy son importantes desde la sociedad civil”.
