*Son estudiadas por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género
*Busca armonizarlas con normas federales o tratados internacionales, y garantizar el cumplimiento de los preceptos de equidad
Redacción
Xalapa
El Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado analiza por lo menos diez ordenamientos vigentes en Veracruz en materia de Educación, Salud, Responsabilidad de Servidoras y Servidores Públicos y los códigos Electoral, Civil y Penal, entre otros, para armonizarlos con normas federales o tratados internacionales y garantizar el cumplimiento de los preceptos de equidad, informó su directora, Martha Mendoza Parissi.
Explicó que en Veracruz existen cientos de ordenamientos y a la fecha tienen como reto analizar diez, para después continuar su labor: “La tarea no es fácil, pues también se coadyuva con las comisiones legislativas permanentes que analizan iniciativas”, por lo que confió en que pronto se incorporen a esta instancia más especialistas en el tema y se pueda avanzar en este proceso.
La catedrática e investigadora ofreció un taller sobre equidad de género a mujeres y hombres que trabajan en el Congreso del Estado, a quienes explicó la importancia del establecimiento de este Centro de Estudios.
“En Veracruz hay avances importantes, como las reformas al Código Penal para incorporar los delitos de género, y los tienen que conocer todas y todos, saber a qué tienen derecho, qué es la violencia, el hostigamiento sexual, la violencia laboral, la violencia institucional y dónde se pueden denunciar”, agregó.
También dijo que se debe seguir trabajando en favor de la igualdad de género, y puso como ejemplo un estudio, cuyos resultados mostraron que durante los últimos ocho años las mujeres obtuvieron empleos con sueldos precarios, aunque profesionalmente estaban más preparadas que los varones.
Además —manifestó—, 59 por ciento de la población femenina ocupada no contaba con servicios de salud y percibía entre dos y tres salarios mínimos mensuales. Es decir, que en la medida en que los salarios aumentan, la participación de las mujeres disminuye, y también era mínima su representación en cargos de dirección u otros puestos de primer nivel en la administración pública.
