*Reclaman siete millones de pesos y reinstalación
*Proceso jurídico sigue su curso
Guadalupe López Espinosa
Xalapa
El juez de Distrito requerirá nuevamente al gobernador Javier Duarte para insistirle que cumpla con la reinstalación de dos trabajadoras del Congreso del Estado y las indemnice con siete millones de pesos a cada una. De no hacerlo, a mediados de febrero el primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito estará haciendo el proyecto de separación del cargo del Ejecutivo, y su consignación a un juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.
Y es que con base en la nueva Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para remover del cargo al Ejecutivo y consignarlo aun cuando tenga fuero.
Eso dijo Juan José Llanes Gil del Ángel, abogado del despacho que representa a las empleadas, y quien manifestó que en su opinión no se ha querido pagar a las trabajadoras porque el Gobierno del Estado carece de solvencia económica, porque no se está pidiendo nada imposible de cumplir.
En días anteriores, los abogados Juan José Llanes y Luis Alberto Viades dieron a conocer que el citado Tribunal Colegiado, en sesión celebrada el 8 de enero de 2015, determinó que es infundado el recurso de queja presentado por el gobernador de Veracruz en contra del auto del juez segundo de Distrito en el Estado que lo vinculó al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el juicio 2285/2013
Entrevistado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, manifestó que lo que sigue es que el juez de Distrito la próxima semana continúe la ejecución de la sentencia de amparo y en ese sentido tendrá que emitir otra vez un acuerdo en el que ordene requerir al gobernador el cumplimiento del fallo, para que disponga la reinstalación de las trabajadoras y el pago.
Mencionó que la nueva Ley de Amparo endurece el incumplimiento de las sentencias de amparo, por lo que si el gobernador del estado no acata el fallo, el juez tendrá que turnar esto al mismo Tribunal Colegiado de Circuito para que éste, de acuerdo con la ley, haga un proyecto de separación de cargo y lo mande a la suprema Corte de Justicia, la cual tomando en cuenta dicho proyecto puede disponer la separación del cargo y la consignación a un juez de Distrito por el delito de incumplimiento de una sentencia de amparo.
Explicó que la nueva Ley de Amparo se ahorra el procedimiento del desafuero, porque todo mundo se escudaba en el fuero, pero la nueva Ley de Amparo sintetiza eso. Aseguró que no se trata de un problema político, sino jurídico, donde la Suprema Corte se reserva para sí misma la facultad de mover a cualquier servidor público de México, menos al presidente de la República. Mencionó que el fuero protege el cargo, no a la persona.
Sin embargo, Juan José Llanes dijo no creer que esto tenga que escalar todavía más.
Apuntó que la reforma constitucional de 2011 y la nueva Ley de Amparo tratan de hacer de México un país de jueces, ya no tanto de políticos, porque era indispensable, por lo que se trata de un avance que ya no puede postergarse, de tal forma que ya la orden de un juez no la puede evadir ni siquiera el gobernador.
“En eso ha insistido la Suprema Corte que le ha dicho a todo mundo, a los gobernadores y a los secretarios de Estado, que las resoluciones hay que cumplirlas porque si no, no somos un país civilizado”, destacó.
