*De acuerdo con el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013
*Hay 69 municipios con irregularidades
Guadalupe López Espinosa
Xalapa
De más de 800 millones de pesos es el presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2013 en un total de 69 municipios —Coatzacoalcos entre ellos—, en los fideicomisos del Puente Coatzacoalcos I y el del Túnel Sumergido, y en las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de Desarrollo Social (Sedesol), así como en dos organismos operadores de agua.
De esto informó el diputado Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, al dar a conocer en conferencia de prensa el informe de resultados correspondiente a la Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 2013, que llevó a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
De dicho informe se desprende que 69 municipios —la mayoría pequeños y medianos, aunque destaca Coatzacoalcos— tuvieron presunto daño patrimonial en sus respectivas cuentas públicas por un monto total de 527 millones 284 mil 954 pesos, lo que representa el 2.67 por ciento respecto a los ingresos totales presupuestados para los municipios en el año fiscalizado.
Los municipios son: Xico, Alvarado, José Azueta, Minatitlán, Lerdo de Tejada, Coatepec, Hueyapan de Ocampo, Yanga, Cosautlán de Carvajal, Cerro Azul, Zentla, Isla, Tezonapa, Atoyac, Coatzacoalcos, Zozocolco de Hidalgo, Mecatlán, Vega de Alatorre, Ilamatlán, Ozuluama, Jesús Carranza, Acajete, Coxquihui, Altotonga, Gutiérrez Zamora, Tlacotalpan, Acultzingo, Coyutla, Papantla, Fortín, Chinampa de Gorostiza e Ixhuacán de los Reyes.
Asimismo se lista a: Zontecomatlán, Tampico Alto, Pánuco, Castillo de Teayo, Tamalín, Tlacolulan, Tlalixcoyan, Chiconamel, Pueblo Viejo, Tehuipango, Teocelo, Tempoal, Ixhuatlán del Sureste, Sayula de Alemán, Moloacán, Pajapan, Zacualpan, Coatzintla, Chalma, Comapa, San Andrés Tenejapan, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlancillo, Tepetzintla, Tenochtitlán, Hidalgotitlán, Chocamán, Tuxtilla, Filomeno Mata, Miahuatlán, Colipa, Chinameca, Ixhuatlán del Café, Tlacojalpan, Soconusco, Rafael Lucio, Tlilapan y Vega de Alatorre.
Asimismo, destacan el Fideicomiso Público Irrevocable y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos; la Secretaría de Comunicaciones, en sus direcciones de Vías de Comunicación, Infraestructura Complementaria y Caminos Rurales; así como la Dirección de Obras Públicas perteneciente en 2013 a la Secretaría de Desarrollo Social.
Esos entes estatales tuvieron presunto daño patrimonial por un monto total de 267 millones 919 mil 686 pesos, que representa 0.30 por ciento del presupuesto total del Gobierno del Estado para el 2013.
De igual forma están la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec con un daño patrimonial de un millón 895 mil 95.80 pesos; y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Fortín, por un monto de un millón 295 mil 602.76, lo que da un total de tres millones 190 mil 698.56 pesos
En total, el monto del presunto daño patrimonial en todos los entes fiscalizables señalados asciende a 798 millones 395 mil 339 pesos.
Garrido Sánchez no especificó de cuánto es el monto del daño patrimonial en cada uno de los entes citados, ya que apenas se iba a reunir con los demás integrantes de la Comisión que él preside para verlo en detalle.
Dijo por último que la Comisión Permanente de Vigilancia procederá a la revisión, análisis y discusión del presente Informe del Resultado, a fin de emitir el Dictamen con Proyecto de Decreto para presentarlo en tiempo y forma al Pleno del Congreso de Veracruz para su aprobación y, en su caso, establecer el inicio de la fase de determinación de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones a los servidores o exservidores públicos responsables de las observaciones no solventadas, que hagan presumible la existencia de irregularidades y el incumplimiento de las disposiciones aplicables al ejercicio de los recursos públicos.
