Guadalupe López Espinosa/Xalapa.- El diputado Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, se pronunció porque los funcionarios públicos que incurran en daño patrimonial no solo solventen las irregularidades, sino que se les inhabilite para ocupar cargos públicos, y también que las empresas que estén involucradas en esos malos manejos no vuelvan a ser contratadas ni sigan figurando en el padrón de contratistas del estado.
Agregó que ese es un tema que tiene que atender la Contraloría del Estado.
El legislador recordó que de la Cuenta Pública 2012 se logró recuperar más de 400 millones de pesos en la fase de solventaciones. Sin embargo, consideró que en la nueva ley tienen que ser contundentes porque no se trata solo de que solventen y quede resuelto el asunto, sino también tratar de ir a fondo, porque si alguien solventó 30 millones quiere decir que no fue eficiente en su responsabilidad, pues nadie puede entender cómo se puede equivocar en no poder aplicar tantos recursos.
Al preguntarle si independiente de que solventen las irregularidades los servidores públicos también se tendrían que ser inhabilitados y castigados penalmente, respondió: “Claro que sí, esa es la parte que creo que quien no funciona tendrá que retirarse”.
Al señalarle que en ocasiones hay empresas constructoras relacionadas que fueron parte de esa red de complicidad con las autoridades, y a pregunta sobre si deberían inhibirse para que ya no sean contratadas, aseguró que esa parte la debe de implementar la Contraloría del Estado y no permitirles más trabajo una vez que se comprobó que no fueron honestas en el manejo de los recursos.
“Ese es un tema que no lo tenemos en la Comisión, pero que sin duda la buena relación que con el Contralor tenemos tendrá que funcionar para que no se le vuelva a dar un contrato a esas personas. Hay muchas otras que aspiran a tener un contrato con el estado y que no son tomadas en cuenta y hay empresas que recurrentemente le han fallado a Veracruz y que no deberían estar ya más en el padrón de contratistas del estado”.
Cuestionado sobre si sería necesario ponerlo en la ley, puntualizó que el tema no termina cuando los recursos regresan, ya que a quien se equivocó y a quien se le acreditó el daño patrimonial se le tendrá que ejercer la ley en su contra con hechos.
El legislador consideró que se debe aplicar todo el peso de la ley, “y yo lo que aspiraría es que muy pronto ya no hubiera esos temas sobre la mesa, pero desafortunadamente siguen estando. Eso sería lo más conveniente, que no hubiera mal manejo de los recursos, pero existe, no se puede negar”.
Por otro lado, al preguntarle si estaría a favor de que al crearse la figura del fiscal general del estado, el actual procurador Luis Ángel Bravo continúe en el cargo bajo esa denominación, contestó que con este funcionario ha encontrado una comunicación abierta y franca; además, dijo, es un profesional en los temas que le toca tratar, por lo cual no vería ningún problema en que se quedara en el cargo. Sin embargo, señaló que no es una decisión particular, sino que tendrá que pasar forzosamente por el Congreso en cuanto si se ratifica o no.
A pesar de ello, destacó que desde su punto de vista lo que es necesario, sea quien sea el próximo fiscal, es que se profesionalice más lo concerniente a la fiscalización: “Necesitamos profesionalizar más a los peritos en esa materia, va a ser fundamental porque en esto junto con los famosos juicios orales va a tener que hacerse un gran trabajo pericial para evitar que se puedan de alguna manera escapar bajo alguna argucia jurídica quienes han dañado el patrimonio de los veracruzanos”.
