Guadalupe López Espinosa/
Xalapa.- Con 45 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la reforma político-electoral que establece una gubernatura de dos años y la misma duración para los diputados locales, además de la reelección de estos últimos hasta por cuatro periodos consecutivos, esto con la finalidad de homologar las elecciones locales con las federales en el 2018.
El diputado priista Ricardo Ahued Bardahuil, quien había anticipado que votaría en contra de dicha iniciativa, finalmente votó a favor, reconociendo que “por primera vez se desdecía”.
Votaron en contra los diputados panistas Alejandro Zairick, Joaquín Guzmán Avilés y Hugo Fernández Bernal, así como Cuauhtémoc Pola, de MC, y Fidel Robles Guadarrama, del PT.
El dictamen aprobado deriva del análisis de seis iniciativas presentadas, cinco de ellas por partidos políticos de las cuales dos fueron del PAN, que proponía en una de ellas una gubernatura de dos años, y en otra una de cinco años; y las otras fueron del PRD y AVE que coincidían con dos años; una del MC que proponía cinco años y una presentada por el gobernador Javier Duarte, de dos años para la gubernatura, aunque se dio preferencia a esta última.
Se aclaró que la votación de la reforma constitucional político-electoral se sometía a un procedimiento especial, toda vez que por requerir que fuera aprobada a efecto de homologarla a la reforma federal, se tenía que votar en ese momento y ya no era necesario hacerlo en dos periodos ordinarios y someterla a votación de los ayuntamientos.
En ese sentido, al pasar a fijar sus posicionamientos, el PAN, por medio del diputado Domingo Bahena Corbalá, éste manifestó que con esta reforma se ahorrarán mil millones de pesos entre el 2016 y el 2021 y anticipó el voto a favor por parte de la mayoría de su bancada.
Sin embargo, dijo que hay asignaturas pendientes como la concurrencia con la elección de alcaldes, ya que no se pude dejar a esta entidad rezagada y al margen de la reforma. También apuntó que como panistas estarán atentos a que en la reforma a las leyes secundarias se garantice la paridad de género en candidaturas a diputados y alcaldes.
Por parte del PRI, fue la diputada Gladys Merlín Castro, quien expresó el apoyo y el voto a favor de su bancada a dicho dictamen, y resaltó que en este Decreto se modifican 15 artículos de la Constitución Política del Estado, en las cuestiones relativas a: modificación de la fecha de la jornada electoral para que coincida con la fecha de renovación de los poderes federales; la determinación de un mínimo del 3 por ciento de la votación para que los partidos conserven su registro; un periodo de dos años para la gubernatura y un mismo periodo para los diputados locales, la reelección hasta por cuatro periodos consecutivos de los diputados; las reglas de precampañas y campañas y su duración, entre otros aspectos.
Por su parte, el PRD, en voz del diputado Jesús Alberto Velásquez Flores, apoyó el dictamen, pero lamentó que no incluyera la revocación de mandato que él propuso en su iniciativa.
Por su parte, el dictamen también tuvo el apoyo de los diputados del PVEM y de Nueva Alianza.
El diputado panista, Joaquín guzmán Avilés, criticó la premura con que se pretendía aprobar el dictamen, pues, dijo, a una semana de haberse presentado, fue materialmente imposible escuchar las voces del pueblo, ni a los sectores empresariales que tanto daño puede causar, pues como se han manifestado varios actores políticos de diversos partidos políticos, el aprobar la reforma que permita que el próximo gobernador dure en su cargo sólo dos años, permeará en la confianza de las inversiones y por ende en la economía de todos los veracruzanos.
Él y Cuauhtémoc Pola también se manifestaron en contra de que se designe un fiscal general del estado por nueve años y que el nombramiento recaiga en el actual procurador Luis Ángel Bravo.
Ahued vota a favor
El diputado priista Ricardo Ahued, quien había declarado que votaría en contra de la reforma finalmente sí votó a favor y reconoció que por primera vez en la historia se desdijo, pues había manifestado ante los medios de comunicación que no estaba de acuerdo con la misma, y lo mismo había señalado a los empresarios, pero cambió de opinión luego de haberse reunido con el gobernador Javier Duarte de Ochoa y con su coordinador en el Congreso, Juan Nicolás Callejas Arroyo.
Dijo que quien es “ratero” con un mes tiene para cargar con todo lo que le pongan, no es necesario que esté dos años.
También, pidió a los partidos políticos que postulen a sus mejores candidatos para la gubernatura de dos años, a la gente más honesta, dijo, y mencionó que sentía que a sus amigos José Yunes y Héctor Yunes se les estaba desplazando.
Con respecto a Renato Tronco, a pesar de que renunció al PRI y por tanto al grupo legislativo del PRI-PVEM-Nueva Alianza, él también votó a favor de la reforma.
Cabe señalar que en lo que concierne a la elección de ayuntamientos, esta reforma no contempla ningún cambio, a pesar de que en la reforma federal se establece la reelección por dos periodos consecutivos.
Con la reforma, se fija el primer domingo de junio para la celebración de la jornada electoral, pero en un transitorio se exceptúa la elección del año 2018 que, en concordancia con la Constitución federal, se realizará el primer domingo de julio.
Igualmente queda establecido que la campaña para Gobernador dure 60 días y la de diputados locales y ediles sea de 30 días.
En cuanto a la función de procuración de justicia, a fin de dotarla de plena autonomía se determina depositar su ejercicio en un organismo autónomo del Estado denominado Fiscalía General, con lo cual se busca uniformar la denominación de este órgano con la empleada en el ámbito federal.
La Constitución General de la República ha previsto que se verifique al menos una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales.
Por eso se hacen coincidir en el mismo año la elección federal con la del Gobernador del Estado y el Congreso Local. Su realización simultánea disminuye costos electorales, tanto económicos, como políticos y sociales y, por otra parte supone una uniformidad de políticas aplicables en el plano federal y en el estatal, lo cual redundará en beneficios para el Estado al no existir un desfase entre los periodos del Ejecutivo Federal y el Estatal.
