Naldy Rodríguez/
Xalapa.- La iniciativa de Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, que se discute en el Senado de la República, representa un avance para la rendición de cuentas y apertura a la información.
El consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Fernando Aguilera de Hombre, dijo que con todo y las observaciones realizadas por la sociedad civil, es mejor contar con la nueva ley.
"Creo que estamos sobredimensionando esto. Lo peor sería que por tres cuestiones no la aprueben y la estén retrasando y retrasando", afirmó.
Los tres aspectos de la iniciativa de ley que han cuestionado los Organismos No Gubernamentales son: la indefinición en el periodo de reserva de la información relacionada con la seguridad del estado, una nueva causal de reserva cuando se ponga en peligro la economía y una nueva disposición para sancionar a los consejeros de los organismos de transparencia en los estados si ordenan dar información que ponga en riesgo la estabilidad financiera, seguridad o las funciones públicas esenciales de la nación.
"Mejor que se vaya así, está muy bien. Es un proyecto muy completo, para que nada más por estas tres cosas que ven como retroceso. Yo no lo veo como un retroceso", insistió.
En entrevista, el servidor público explicó que en el caso de las reservas de información, las entidades garantes de la transparencia siempre pueden echar abajo una clasificación, por lo que no sería un retroceso para el acceso a la información.
En cuanto a la causal de responsabilidad para los servidores públicos encargados de la transparencia, consideró que solo deben comprometerse a trabajar apegados a la ley sin sentir temor.
"Yo no creo que se deba de hablar de temor, cuando uno hace bien su trabajo conforme a derecho no tengo por qué tener miedo", declaró.
Los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) modificaron de último minuto la iniciativa de Ley General de Transparencia que crearon junto con la sociedad civil para introducir un artículo con el que se podría sancionar a los servidores públicos que hagan pública información que pueda poner en riesgo al estado.
La propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública fue presentada en el Senado de la República el pasado 2 de diciembre y debe estar aprobada en febrero próximo, según los límites establecidos tras la reforma en la materia.
