Guadalupe López Espinosa/Xalapa.- El contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, señaló que ya hay dos denuncias en esta dependencia en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) que tienen que ver con las irregularidades detectadas en la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, y en lo que respecta a los exfuncionarios Gabriel Deantes, Edgar Spinoso y Leticia Perlasca, solo se limitó a defenderlos y exonerarlos.
Aseguró que hasta el momento no hay ninguna investigación en contra de ellos.
En lo que fue su comparecencia ante diputados del Congreso local, dijo que fueron los medios de comunicación los que hicieron señalamientos en contra de esos exservidores públicos, a los cuales hasta la fecha no se les ha encontrado nada que los inculpe.
En la etapa de preguntas y respuestas que siguió a la lectura de su Informe, García Guzmán manifestó que al asumir el cargo detectó que 106 servidores públicos del Gobierno no habían cumplido con presentar su declaración patrimonial, por lo cual fueron sancionados o como dijo, “penalizados”.
Explicó que de esos no todos causan baja, ya que la ley dice que si ellos tuvieron una hoja de servicios impecable en el Gobierno, y son personas de bien y honorables, se les toma en cuenta ello y se considera solo como un descuido el que no hayan cumplido con esa obligación.
En cambio, señaló, se determinó dejar sin efecto el nombramiento a cinco personas, se suspendió a otras tantas, y se apercibió y amonestó públicamente a otras.
En ese sentido, mencionó que la CAEV tuvo tres penalizados; la Secretaría de Medio Ambiente, uno; la Procuraduría, 33; Secretaría de Turismo, uno; Sedarpa, uno; Sefiplan, dos; SEV, 17; Salud, 37; y Seguridad Pública cuatro; más otros 6, que suman 106.
Apuntó que el subdirector de Normatividad Forestal de la Secretaría del Medio Ambiente, Luis Vinicio Reyes Landa, es una de las personas que tendrá que dejar su cargo, lo mismo que Erico Excelente Toledo, subdirector de Recursos Humanos de la Sefiplan; Malinali Abeleira Valerio, jefa de caja general del hospital de Río Blanco; y el ejecutivo de proyectos de festivales de la Secretaría de Turismo, Fabián Monsiváis Ortón.
Asimismo, otras personas fueron suspendidas 30 días por ese mismo hecho, entre agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial, oficiales del Registro Civil, directores de Centros de Salud y otros.
Martínez de Leo debió denunciar
El diputado panista Domingo Bahena Corbalá expuso al contralor que el secretario de Sedarpa, en su reciente comparecencia, reconoció que Belisario Domínguez, un funcionario de su Secretaría, “es deshonesto y que se quedó con el dinero del Programa de Concurrencia y dijo que 283 millones de pesos están atorados en la Sagarpa por cuestiones de Belisario Domínguez”.
Por otra parte, le dijo al contralor, los campesinos de la zona norte señalaron a Belisario Domínguez de entregarles bombas de aspersión de cuatro mil pesos habiéndoles firmar facturas por un valor de 11 mil 200 pesos por cada una para justificar los recursos de un programa, pero con todo eso el Gobierno de Veracruz no interpondrá ninguna denuncia en su contra porque los afectados se niegan a testificar por escrito o darlo a conocer ante el Ministerio Público.
El legislador calificó de “inaudito” que Manuel Martínez de Leo no haya denunciado a ninguna instancia. Y preguntó a García Guzmán si Contraloría va actuar por estos casos de corrupción. Otras de sus preguntas fueron sobre el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, y sobre los casos de Pablo Anaya, Salvador Manzur, Edgar Spinoso, Gabriel Deantes y Leticia Perlasca, y cuestionó si ha habido sanciones administrativas en contra de esos exfuncionarios señalados de supuestas irregularidades.
Con relación a la actuación de Belisario Domínguez y la actitud asumida por el titular de la Sedarpa, el contralor manifestó que el actuar del funcionario está fuera de lugar porque tiene la obligación de denunciar, y dijo que platicará con él para que le informe respecto a este asunto, “pero a mi juicio, desde mi óptica como contralor no hay razón alguna para que eso quede sin efecto”.
Túnel sumergido
Respecto a ese tema, García Guzmán señaló que ya hay denuncias presentadas ante la Contraloría por parte del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, las cuales se están revisando “y desde el punto de vista administrativo tenemos personas totalmente focalizadas que fueron citadas a declarar, y ya acudieron a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial”.
Actualmente, indicó, están en espera de que se finiquite el proceso para tener una resolución a cada una de ellas, pero actualmente tienen revisadas varias denuncias y faltan algunas; seguramente en éstas también habrá personas involucradas que tengan que ser citadas, aunque dijo que no podía dar nombres porque está por finiquitarse este asunto y una vez que concluya es cuando la ley le permite presentar señalar probable responsables.
Sin embargo, mencionó que han sido citados y están en tesitura de ser penalizados por lo que señalan estas denuncias, desde el punto de vista administrativo, el exdirector de Caminos Rurales, el exdirector Jurídico de la Secretaría y algunos supervisores de obra.
Pide evitar el “linchamiento público” contra exfuncionarios
Por lo que hace a los casos de Leticia Perlasca, Salvador Manzur, Edgar Spinoso y Gabriel Deantes, que fueron cesados de su cargo de exsecretaria de Turismo, exsecretario de Finanzas, oficial mayor de la SEV y Subsecretario de Finanzas, respectivamente, comentó que “mucha información que recibimos del Gobierno proviene de los medios, los cuales hacen su labor y dan a conocer ciertas conductas pero es información de los medios y luego queda la sensación de que no se hace nada en el Gobierno para atender esas irregularidades, entre comillas”.
Apuntó que las autoridades tienen la obligación de llevar a cabo procesos para contrarrestar ese desánimo en que puede caer la gente al enterarse de actos que “a juicio de algunos medios” pudieran generar una conciencia diferente o una perspectiva diferente.
“Soy un convencido de que no se puede lesionar la integridad moral de ningún servidor público, de ningún exservidor público, de ningún a persona si no se tienen elementos suficientes, probatorios, fehacientes. Es preferible a mi juicio evitar el linchamiento público para algunas personas cuando no se cuenta con la información debidamente requisitada y debidamente documentada”.
En cuanto a la declaración patrimonial de esas personas aseguró que no hay ninguna transgresión a la ley por parte de ellas.
“No tenemos tampoco alguna queja directa respecto a estas personas y en ese sentido, cuando la entrega-recepción que se da de ellos no aparecía absolutamente nada que nos haga configurar alguna mala actuación, algún tipo de delito, y nos sujetamos a lo que la ley nos permite y no hay de parte nuestra ninguna investigación en absoluto para ninguno de los funcionarios que usted señalaba”.
Domingo Bahena dijo al contralor que no dio nombres de los denunciados, que entienden la secrecía, pero que solo mencionó que los denunciados han sido varios “y eso y nada es lo mismo, no hay mucha información”.
Le dijo también que lo que en la mayoría de los casos lo que los medios de comunicación adelantan después resulta cierto.
Asimismo, sobre el Velódromo que sirvió para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la demás infraestructura, aseguró que el ejercicio de los recursos se llevó a cabo debidamente.
Fidel Robles Guadarrama le rebatió su Informe al contralor y dijo que discrepaba de todas las “alabanzas” que se habían ido a decir ahí y entre otras cosas sostuvo que la deuda pública del Gobierno es de 98 mil millones de pesos, que no se ha ejercido 67 por ciento del presupuesto estatal , que solo se está sancionando a funcionarios pequeños y medianos pero que hay impunidad para Gabriel Deantes, Pablo Anaya, Edgar Spinoso y Salvador Manzur.
García Guzmán dijo a Fidel Robles que puede presentar la denuncia ante cualquier Ministerio Público sobre lo que dice, pero tiene que demostrarlo.
“Don Fidel dice que son 98 mil millones de deuda, que en Veracruz somos corruptos, la verdad es que así como luego nos hacen tomar protesta en lo que corresponde a todo también de repente hay que hacernos el antidoping, 98 mil millones de pesos y aquí la única fuente confiable que da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habla de una deuda de 41 mil millones que es una cifra alrededor de la cual se manejó el propio secretario de Finanzas cuando estuvo aquí”.
Siguieron los dimes y diretes entre ambos y al final el funcionario le manifestó que le mandaría las respuestas por escrito.
Por su parte, el diputado Francisco Garrido Sánchez le preguntó cómo recibió Comunicación Social del Estado, una vez que cambió a la titular porque había comentarios en los medios de faltantes de recursos, a lo cual respondió García Guzmán que ese fue un dato erróneo, ya que no se encontró faltante alguno en esa dependencia.
Ana María Condado Escamilla, del PRD, le insistió sobre los casos de los exfuncionarios antes señalados, pero la respuesta fue la misma que le dio a Bahena Corbalá.
La legisladora también le mostró fotografías de medicamentos caducados que están en bodegas del sector Salud, y el contralor se comprometió a investigar ese hecho.
También le dijo que han causado baja algunos servidores públicos del sector salud, que estaban cobrando sin trabajar, es decir, que eran “aviadores”.
