FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
EL DILEMA DE PENALIZAR O DESPENALIZAR EL ABORTO
Sin duda el tema de si considerar o no al aborto como un delito es uno de los más polémicos en la actualidad, ya que nos encontramos ante un auténtico entrampamiento en donde tanto quienes sostienen la punición del aborto como quienes sostienen lo contrario se hayan tan radicalizados en sus posiciones y en una posición de igualdad en la contienda que hasta la SCJN ha sido incapaz de tomar una decisión al respecto ya que no consigue las mayorías necesarias para hacerlo de manera categórica, por lo que realmente estamos como dicen los ajedrecistas: “en una partida en tablas”.
Siendo eso así debido a que si escuchamos o leemos las prédicas de cada bando bien les podemos dar la razón, ya que lo que enarbolan tiene la apariencia de ser lo justo, ya que proteger la vida desde la concepción o proteger los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad resultan moralmente válidos y negar cualquiera de esas dos cosas genera reproches, sobre todo de la propia conciencia.
Sin embargo, queridos lectores ahí está el nudo que enmaraña esta cuestión: creemos o nos hacen creer que es una cuestión de índole moral en la que naturalmente ambas partes tienen la razón y solamente hay que ver cual valor debe de prevalecer en caso de contraponerse (vida desde la concepción o derechos sexuales y reproductivos), ya que la moral está conformada por una escala de valores que cada individuo determina según sus ideas y creencias y resulta muy difícil hacer que alguien mude su opinión.
Pero la cuestión discutida no es esa, sino lo es que si el Estado debe de perseguir o no a quienes abortan o participan en un aborto y ahí la perspectiva cambia radicalmente y ésto sucede porque tanto la naturaleza del Estado como la manera en que opera, es decir el marco jurídico, son distintas a las percepciones morales y religiosas de los individuos tanto gobernados como integrantes del aparato estatal.
En efecto, la naturaleza del Estado es regular la convivencia y permitir el desarrollo de quienes se encuentren en su ámbito de competencia (ya que hasta los extranjeros que están de paso tienen derechos que exigir y obligaciones que cumplir) y por lo mismo las obligaciones del Estado consisten en proveer seguridad tanto física como jurídica, educación, sanidad, entre otros.
Resultando de relevancia para el tema que hoy nos ocupa los aspectos de seguridad jurídica, educación y sanidad, ya que si vemos el tema del aborto desde un punto de vista estrictamente desde el ámbito de competencia del Estado, queda más como algo que debe de preferentemente prevenirse proporcionando alternativas y en caso de llevarse a cabo dar las facilidades para que se realice, ya que al no hacerlo (como en casi en todo México sucede) los problemas de salud pública aumentan, ya que los abortos son igualmente practicados en la clandestinidad y por cada aborto que se lleva a cabo de esa manera el Estado falla en su cometido de regular la convivencia y permitir el desarrollo de quienes se encuentran en su ámbito de competencia, ya que muchas mujeres mueren o quedan permanentemente disminuidas en su salud debido a las pésimas condiciones a las que son arrojadas como consecuencia de la clandestinidad en las que llevan a cabo el procedimiento abortivo.
Y en gran parte ese problema de salud pública se debe a la pretensión de perseguir penalmente a quienes aborten o participen en un aborto orillándolos a la clandestinidad con todos los problemas que ésta conlleva y al querer criminalizar estas conductas sin tener un asidero jurídico, como más adelante veremos, lo único que se logra es hacer fracasar al Estado en sus funciones primordiales.
Ahora bien, en el campo jurídico, el cual es la única forma válida en la que el Estado lleva a cabo sus funciones, la cuestión del aborto se ve desde una óptica diferente a la que tanto proabortistas como antiabortistas tienen.
Ya que jurídicamente “nada es lo que parece” y aunque ustedes no lo crean, resulta que los reformistas son los que pretenden castigar el aborto al aducir que la vida se debe de proteger desde el momento de la concepción y los conservadores son los proabortistas que sostiene la libertad de la mujer para abortar o no según su criterio y esto es así porque según las teorías más clásicas del derecho, la personalidad (la cual es el reconocimiento dado para que una persona exista jurídicamente, es decir sea sujeto de derechos y obligaciones y por tanto protegido por el derecho) se adquiere al nacer vivo y viable, o sea no solo se requiere el haber nacido (lo cual automáticamente descarta a los no nacidos), sino que además se exige la viabilidad, lo que consiste en esperar un día a partir del nacimiento para confirmar que el infante va a sobrevivir y esa teoría fue recogida desde la época clásica hasta los códigos civiles de nuestros días.
Siendo esto así, porque el derecho está fundado en la lógica y en la observación de la realidad y al menos desde el ámbito jurídico debe de haber la plena certeza de que el ser humano en cuestión realmente existe y respecto a los no nacidos no hay evidencias lógico jurídicas que demuestren que ya existen al menos en las primeras doce semanas de gestación y sí en cambio las madres se encuentran plenamente en el universo jurídico.
Por supuesto son válidas las creencias morales de cada persona, así como las decisiones que tomen basadas en ellas, mas la función del Estado en este caso no debe de ser en modo alguna represora, sino que debe de prevenir y auxiliar a quienes se encuentren en un problema de esta índole.
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