EFE
ECUADOR
Es un conflicto armado contra un enemigo declarado, atomizado, oculto e infiltrado en la estructura del Estado ecuatoriano. Será tarea del presidente y del Gobierno mantener el ‘momentum’ de unidad nacional.
Existen momentos específicos en los que una sociedad se une detrás de una misma causa. Lamentablemente, la mayoría de estos momentos ocurren en situaciones de “guerra”, ya sean conflictos armados o luchas contra un enemigo común, como sucedió en tantos lugares en las primeras semanas de la pandemia de la covid-19. En Ecuador, el martes 9 de enero, cerca de las 14.30 (hora local), se vivió uno de esos hitos.
El ingreso violento, con disparos y gritos, de un grupo de delincuentes armados a las instalaciones de la estación TC Televisión, en Guayaquil, tuvo toda la carga simbólica de una declaratoria de guerra al país por parte del crimen organizado. Fue transmitido en vivo y viralizado de inmediato, a nivel nacional e internacional, a través de chats y redes sociales. Vino acompañado de otras acciones violentas en distintos puntos del país -que dejaron 10 muertos- y, sobre todo, de una sensación de miedo y ansiedad que se respiró por horas en el ambiente y que causó colapsos en el tráfico, dada la reacción natural de miles de personas de ponerse a buen recaudo en sus casas. Poco después, a través del Decreto Ejecutivo 111, el Gobierno del presidente Daniel Noboa le dio categoría jurídica a esta guerra con el reconocimiento de un conflicto armado interno y la declaratoria de 22 grupos criminales como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.
Este reciente sentido de unidad se manifestó en las reacciones y declaraciones de actores políticos, dirigentes sociales y líderes de opinión que, hasta horas antes de la toma de TC Televisión, se mostraban críticos de las acciones de la gestión de Noboa para enfrentar al crimen organizado. Destacó, en ese contexto, la declaración enviada desde Bélgica por el exmandatario Rafael Correa, líder de la facción política a la que Noboa derrotó en la segunda vuelta electoral de hace solo tres meses. “Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda (...) Nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria”, dijo Correa. La Asamblea Nacional, un cuerpo fragmentado donde el movimiento político de Correa tiene la primera minoría, emitió también un pronunciamiento de respaldo al Gobierno, así como a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluido un compromiso de adoptar “indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos”. También se suman las declaraciones de apoyo y solidaridad de gobiernos extranjeros, incluido el de España.
Noboa amaneció el 10 de enero, entonces, como presidente de un país en guerra, con todos los desafíos y oportunidades que ello conlleva. Es una guerra contra un enemigo declarado, pero atomizado en diferentes bandas, oculto entre la población e infiltrado en la estructura del Estado ecuatoriano. Será tarea del presidente y del Gobierno mantener el momentum de unidad nacional, combinando acciones militares y policiales con un despliegue intenso de comunicación política. Cuenta para ello con varios hitos, siendo el más urgente, al cierre de este texto, la liberación del personal penitenciario que permanece secuestrado por los criminales en las prisiones de El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay.
En aproximadamente tres meses, Noboa afrontará una consulta popular que había convocado hace tan solo una semana. En el anuncio inicial, todo apuntaba a que sería un temprano plebiscito sobre su gobierno, que podría servir de trampolín para lograr su anunciada intención de reelegirse o, si le iba mal, para descarrilar tempranamente este gobierno de 18 meses. La lista de preguntas revelada en ese primer momento, con pocos temas medulares, sostenía esta tesis. Pero, horas antes de la toma de TC Televisión, Noboa había anunciado un segundo paquete de preguntas que podía ser recibida con mayor oposición de una clase política entretejida con el crimen. Las nuevas preguntas incluyen asuntos como la extradición de ecuatorianos, una enmienda constitucional para luchar con mayor efectividad contra el lavado de activos o la capacidad presidencial de otorgar indultos a las fuerzas del orden. El respaldo explícito de la Asamblea Nacional a este último punto permite suponer un consenso frente a los otros puntos también, a pesar de las resistencias previas.
Si el mandatario logra mantener su posición como presidente de un país en guerra, llegará fortalecido a la consulta, podrá sacar adelante reformas importantes y acrecentará sus probabilidades de reelección. Por el contrario, si se dan nuevos reveses en la lucha contra el crimen o, incluso, si ante un pronto retorno a la falaz calma de los últimos meses, la agenda pública se enfoca en otros temas y vuelven las divisiones, Noboa nuevamente tendrá frente a sí el escenario plebiscitario. El presidente afronta hoy su mayor crisis y su mayor oportunidad.
