AGENCIAS
CDMX
Un juez federal concedió la libertad provisional con brazalete electrónico a José Antonio Vargas Hernández, coacusado de Juan Collado en el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionado con la Caja Libertad.
Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, modificó la prisión preventiva justificada al procesado luego de permanecer cuatro años en dicho centro penitenciario.
Además de las medidas antes mencionadas, el impartidor de justicia también le impuso el pago de una garantía de 250 mil pesos y la prohibición de salir de la Ciudad de México.
En una audiencia celebrada el pasado jueves, el Juez Aquiles sustituyó la prisión preventiva porque estimó que habían cambiado las condiciones bajo las que le impusieron esa medida cautelar y hoy ya no existe el riesgo de fuga.
Pero el juez en principio justificó que podía pronunciarse de esta manera, con base en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a los jueces a revisar la prisión preventiva cuando el procesado cumple dos años privado de su libertad.
Cabe decir que este es uno de los argumentos que el pasado jueves invocó Emilio Lozoya ante el mismo juez, pero este no se pronunció en su caso porque dijo que estaba vigente una suspensión definitiva que le impedía resolver la solicitud de libertad.
Vargas fue detenido el 9 de septiembre de 2019 en Matehuala, San Luis Potosí, junto con su compadre José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad.
La FGR acusó a Collado, Rico y Vargas de constituir un grupo delincuencial que presuntamente simuló la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro, por 156 millones de pesos, en una operación registrada el 25 de marzo de 2015.
Vargas fungió como vendedor mediante un poder para actos de dominio y administración que le otorgó José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro.
La FGR sostiene que esta compraventa fue una simulación porque Rico en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria vendedora; además, el dinero de la compra venta después fue transferido a compañías presumiblemente vinculadas al propio Rico y a una cuenta de Collado.
En este asunto, José Antonio Rico es el único sentenciado, con 15 años de prisión. Collado aún está a la espera de fecha de juicio, al igual que Hernández.
