En 133 contratos de un total de 161, la autoridad fiscal optó por las adjudicaciones directas, de acuerdo con información del organismo actualizada al 11 de mayo pasado.
Redacción
CDMX
En lo que va de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requirió servicios de empresas privadas y profesionales, sin embargo en el 82.6 por ciento de los casos prefirió las adjudicaciones directas para asignar sus contratos en lugar de licitaciones públicas u otros procedimientos.
En 133 contratos de un total de 161, la autoridad fiscal optó por las adjudicaciones directas, de acuerdo con información del organismo actualizada al 11 de mayo pasado.
En contraste, únicamente 16 de los contratos los asignó mediante licitaciones públicas y 12 más a través de invitaciones a cuando menos tres personas.
Entre los servicios que adjudicó directamente están los de auditor externo para dictaminar sus estados financieros, servicio de abastecimiento de agua potable en pipas, recarga de extintores y adquisición de agua purificada.
En ese sentido el de mayor monto fue el adjudicado para el servicio de auditor externo, cuyo contrato asciende a un millón 278 mil pesos sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los 161 contratos sumaron en total 129 millones 78 mil pesos sin IVA, mismos que son pagados con parte de los recursos que al SAT le asignaron del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, señaló que las adjudicaciones directas están permitidas por la ley en el 20 por ciento del total de las licitaciones, pero las dependencias rebasan por mucho este porcentaje.
En el caso del SAT, habría que analizar contrato por contrato y si está adquiriendo tecnología propietaria -aquella donde un usuario tiene limitadas sus posibilidades, modificarlo o redistribuirlo, y a menudo su licencia tiene un costo-, podría haber una justificación clara en términos de ley, señaló por escrito.
"Si es para servicios estándar, realmente es difícil que la justificación proceda. Y si se trata de bienes estandarizados, la licitación abierta internacional o nacional es la fórmula idónea", resaltó.
Fernanda Avendaño, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que el riesgo de limitar la competencia de mercado se reduce si pese a que la mayoría de los contratos se adjudican directamente, no representan un monto elevado del total asignado.
Los contratos adjudicados directamente por el SAT en lo que va del año suman 15 millones 11 mil pesos, 11.6 por ciento del monto total, según la información del fisco.
"Pero son procesos de excepción a la licitación y por regla general se deben hacer licitaciones", precisó Avendaño.
Indicó que se debe tomar en cuenta que si bien el riesgo de poca competencia de mercado se reduce en el caso del SAT, según el Índice de Riesgos de Corrupción 2022 del Imco -con información hasta el 2021-, esta autoridad ha asignado contratos a empresas de reciente creación, mismas que por esa razón tienen un mayor riesgo de incumplimiento.
Esto no implica como tal un acto de corrupción, pero sí es un factor a monitorear, agregó.
Grupo REFORMA buscó al SAT para conocer las razones por las cuales ha optado por tal cantidad de adjudicaciones directas; sin embargo, hasta el momento no ha respondido.
