EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
Autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) habrían realizado una adjudicación en una licitación presuntamente amañada a favor la empresa de cómputo MAINBIT relacionada con Hewlett-Packard para el ejercicio 2023 y 2024, que causaría un daño al erario por más de 67 millones de pesos.
En una denuncia en un expediente enviado a la Auditoría Superior de la Federación y a integrantes de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, se expone que la empresa beneficiada también ha recibido contratos con Fiscalía General de la República, el SAT, la Guardia Nacional, la CNBV.
De acuerdo con los participantes de esa licitación, la dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, a través de la subdirección de Recursos Materiales al frente de Juan Carlos Suárez Guzmán, supuestamente incurrió en diversas irregularidades en el proceso IA-51-GYN-051GYN005-N-45-2023 para la adjudicación del contrato abierto "Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Personal y Periférico, para los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2024".
Según los inconformes, el Instituto determinó adjudicar a la empresa MAINBIT -relacionada con Hewlett-Packards-, aún cuando incumplía con los requerimientos técnicos que se pedía en las bases, razón por la cual debería haber sido descalificada, además de que su propuesta se incrementó 67 millones de pesos por encima del segundo lugar.
Aseguran en el expediente que de hecho, las presuntas irregularidades fueron reconocidas por los propios funcionarios de la dependencia quienes no firmaron el fallo.
Así, la subdirección de Tecnologías de la Información y de la representante del Órgano Interno de Control, que encabeza Blanca Maryed Gutiérrez, Gutiérrez, se reservó el "el derecho de efectuar las revisiones respectivas en su oportunidad".
Empresas como Servicios de Integración y Garantías (SIGA), una de las descalificadas presentó su inconformidad ante las dependencias correspondientes, bajo el argumento de que este tipo de fallos afectan la confianza en los procesos de venta públicos realizados por el gobierno pues -según ellos— se pretende beneficiar empresas que no cumplen con los requisitos planteados en las licitaciones lo que sienta un "precedente muy negativo".
