EL UNIVERSAL
SAN JOSÉ
Cuando el aparato gobernante en Venezuela justificó la aguda carencia y el acelerado encarecimiento de medicinas en el país, culpó a Estados Unidos del desabasto y de los elevados precios, y los atribuyó a las sanciones financieras y comerciales y la "guerra económica" que Washington lanzó contra la revolución bolivariana en 2014, que reforzó en 2017.
Pero el alegato de Caracas sobre la falta de fármacos pareció perder credibilidad al estallar la semana anterior una bomba de corrupción política que enlodó al régimen chavista: el robo de unos 3 mil millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), presuntamente cometido por jerarcas del chavismo.
El chavismo fue sacudido por el destape en PDVSA de uno de los más graves escándalos de enriquecimiento ilícito y corrupción en 24 años del proceso revolucionario socialista instalado en 1999 con el ascenso vía electoral a la presidencia de Hugo Chávez, fallecido en 2013.
"Se robaron" un dinero con el que habría podido pagarse la demanda de vacunas para la niñez de Venezuela en los próximos 80 años y "no tendríamos que recurrir a donaciones", afirmó el pediatra Alejandro Crespo, presidente de la filial del norcentral estado de Aragua de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.
De 2010 a 2016 en Venezuela se invirtió un promedio anual de 36 millones de dólares en vacunas, mientras que "desde 2019 se invierten menos de 10 [millones de dólares]. 80 años de vacunas para los niños se robaron...", tuiteó.
"Los 50 deportistas mejor pagados del mundo recaudaron juntos 2 mil 970 millones durante 2022. Que aquí [en Venezuela] una sola persona se haya robado 3 mil millones [de dólares] es para que el gobierno completo renuncie. ¿Cuánto dinero más no se habrá perdido en ese esquema de corrupción?", advirtió.
Por la profunda escasez de fármacos y su alto costo en el país con un salario mensual mínimo de 5 dólares, millones de venezolanos debieron incursionar desde 2014 al auxilio de colectas y donativos en redes en internet para intentar resolver sus apremiantes necesidades medicinales. La controversia en PDVSA golpeó a una nación de la que más de 7.1 millones de venezolanos migraron al exterior al menos desde 2014 para huir de la severa escasez e incontrolable encarecimiento de artículos esenciales de la canasta básica familiar, con faltantes hasta de combustibles en la tierra rica en petróleo.
En un lío que mostró fuertes pugnas internas secretas en el chavismo y en lo que el oficialismo describió como "cruzada" contra mafias insertadas en PDVSA, 19 funcionarios y sus cómplices fueron detenidos en una batida que el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó a partir del 17 de este mes con la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC).
"Maduro es el presidente en la historia de Venezuela, desde 1830 hasta la fecha, que más ha combatido la corrupción administrativa en cualquiera de sus formas", proclamó el 21 el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), Jorge Rodríguez, uno de los principales jefes chavistas. La política de Maduro es "ejemplarizante", insistió.
Con indicios de que la cifra sería superior, el multimillonario desfalco ocurrió con maniobras petroleras con criptomonedas.
Entre los detenidos hay un diputado, dos jueces y jerarcas gubernamentales, militares, bancarios, municipales y judiciales. "Estoy seguro de que vienen más" arrestos, anticipó Rodríguez.
El conflicto colocó a Maduro en un dilema, porque reiteradamente atribuyó la aguda crisis de medicinas, alimentos y artículos básicos a las sanciones y a la "guerra económica" que EU impuso a su gobierno para intentar forzar su salida u obligarlo a negociar una solución política. Maduro rechazó acusaciones de EU de violar derechos humanos, represión política y romper el orden democrático.
El opositor partido Voluntad Popular recalcó que el robo en PDVSA "deja al descubierto a la dictadura corrupta que por años ha responsabilizado de la crisis venezolana a las sanciones" de EU. "Los culpables" de la "hecatombe económica y social son ellos [los gobernantes]", alegó.
La trama provocó el lunes pasado la dimisión del abogado Tareck El Aissami, uno de los más poderosos personajes del chavismo, como ministro del Petróleo.
De origen sirio y libanés, fue vicepresidente de Venezuela, ministro del Interior, Industria y Producción y Petróleo, gobernador de Aragua, diputado, vicepresidente regional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y vicepresidente de Economía, entre otros cargos. En 2019 se convirtió en prófugo de la justicia de EU por narcotráfico.
Al prolongar la militarización en Venezuela, Maduro designó como ministro del Petróleo al ingeniero y coronel del ejército Pedro Rafael Tellechea Ruiz, presidente de PDVSA. "Aumenta en 42.42% la participación de militares en el gabinete de Maduro", dijo la abogada Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, foro no estatal de Caracas de estudios castrenses. Son 14 ministerios —Presidencia, Defensa, Petróleo, Comercio, Agricultura, Alimentación, Minería, Aguas, Penitenciario, Transportes, Vivienda, Obras Públicas, Energía Eléctrica e Interior, Justicia y Paz— ocupados por seis militares que provienen del ejército, tres de la marina, tres de la Guardia Nacional y dos de la aviación. "Se está consolidando una élite militar con enorme poder político", alertó San Miguel a EL UNIVERSAL.
