Agencias. Ciudad de México. Integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala, (CNPA MN), liderada por Francisco Jiménez Pablo, y el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) anunciaron acciones de resistencia en contra de los megaproyectos que dañan a las comunidades indígenas y campesinas del país, como la siembra transgénica, también anunciaron que este lunes realizarán la toma de consorcios mineros y secretarías de Estado en protesta al alza de los costos de combustibles, tarifas eléctricas y diferentes productos básicos como la tortilla.
Las manifestaciones que ocurrirán en oficinas de las empresas Frisco, Autlan y Living Water, son para reclamar el retiro de la industria minera de los territorios de la comunidad de Salaverna, en Zacatecas y simultáneamente en diversos estados del país paralizarán y clausuraran las minas e hidroeléctricas.
Alberto Galindo y Roberto Rico, miembros del FICAM, aseguraron que “el gobierno está violando de manera sistemática y reiterada los tratados internacionales”.
En conferencia de prensa, indicaron que el martes 17 se movilizarán en las secretarías de Energía, CNDH, Conagua y Semarnat.
Agregaron que en una jornada del 18 al 20 de este mes, harán bloqueos en las secretarías de Desarrollo Social, Sedatu y CDI.
Las organizaciones exigen la armonización de leyes nacionales con los tratados internacionales que contengan Derechos Humanos, la legislación nacional con el Convenio 169 de la OIT determinando el carácter vinculante de la consulta, con consentimiento previo, libre e informado, en los términos establecidos por la Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También el FICAM exige, en voz de Alberto Galindo y Roberto Rico, que el Gobierno cumpla con las 14 Recomendaciones para México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como resultado de la visita oficial al país en octubre de 2015.
Del mismo modo reclama un alto al aumento de las gasolinas y al alza de los productos básicos como la tortilla así como un mayor presupuesto para las comunidades indígenas y campesinas. “En mi comunidad, en Coacalco, Estado de México, ya alcanza hasta los 18 pesos el kilo de tortillas, y las autoridades no están vigilando como dicen”.
Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, aseguró que el alza de la gasolina demuestra una falta de sensibilidad social, mientras el salario mínimo subió un 7%, las gasolinas, 14.2%, la magna. 20.1% la Premium y el diésel 16.5%.
Recordaron que desde el primer día de enero, la indignación popular se hizo presente en el país, que desencadeno una “enorme movilización popular”, algunas de estas auspiciadas pero otras encontraron una válvula de escape de la sociedad, “estamos viendo una gran ira acumulada que brotó desde lo más profundo de los tantos agravios a la población”.
Los portavoces del Frente Indígena externaron que en México existe un acumulado de derechos básicos violentados, como las desapariciones y la criminalidad que se han convertido en el pan de cada día, y mencionaron que según el Registro Nacional de datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas el RNPED los tres estados con más casos de personas extraviadas son Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.
Afirmaron que aunado a esto los más de 78 mil homicidios dolosos documentados son una parte del proyecto de muerte y crimen que el Gobierno quiere ocultar. Los Estados más violentos son: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.
“La violación sistemática y retirada de los derechos humanos está a la vista y la política de privatización del agua, la contaminación transgénica de los maíces criollos y la extracción de petróleo y gas mediante la tecnología del fraking o fractura hidráulica, ha provocado zozobra, malestar e incertidumbre en las comunidades originarias debido a los altos impactos ambientales, culturales, sociales económicos, ecológicos y espirituales”, puntualizaron.
Lo que más lamentan, es que la construcción de presas hidroeléctricas en México responde “a un proyecto del imperialismo norteamericano y canadiense para generar un gigantesco mercado de energía eléctrica que servirá para la minería, los puertos privatizados, las maquiladoras y otros proyectos de las trasnacionales”.
El FICAM concluyó que esta política económica está generando una reacción inflacionaria de bienes y servicios bajando considerablemente el poder adquisitivo de las familias, en más de un 20% principalmente en las zonas indígenas y campesinas.
Fuente: El Universal
