Agencias. Ciudad de México. El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa Huerta, presentó a título personal la iniciativa de Ley de Seguridad Interior en la que propone regular las funciones de las Fuerzas Armadas ante la incapacidad de las policías de enfrentar los problemas de seguridad.
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Barbosa detalló que las policías están corrompidas, cooptadas por el crimen organizado, son poco profesionales, mal pagadas, y con ellas no se puede enfrentar los problemas de seguridad pública del país.
“El combate al crimen organizado no se puede entender sin el Ejército y la Marina, pero necesita una regulación”, dijo.
Aclaró que no se trata de que se militarice al país pues establece, como primer punto, una normativa del regreso a los cuarteles –en un plazo de seis meses- por parte de las Fuerzas Armadas.
Ayer martes, el Congreso de la Unión realizó la primera mesa de trabajo para conformar una iniciativa de Ley de Seguridad Interior. En este sentido, Barbosa Huerta sostuvo que en ese proceso legislativo sea un procedimiento ciudadano que la concentración de las necesidades vaya a afectar un producto legislativo tan importante y tan necesario.
De acuerdo con la iniciativa del senador perredista, la discusión debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública.
“Esto conduce a fijar en las disposiciones de la Ley una ruta crítica que, reconociendo esta realidad, plazos, condiciones y procedimientos para permitir un regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles –Lo cual se realiza en el régimen transitorio de la presente iniciativa-. Dicho regreso se dará en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley general en materia de seguridad pública”, indicó.
El senador Barbosa Huerta también informó que la iniciativa que se presente debe tener una activación claramente excepcional. Esto significa que la legislación debe tener como condición previa para su aplicación la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior.
Asimismo, la racionalidad de las medidas para atender una afectación a la seguridad interior, así como un control parlamentario de rendición de cuentas y finamiento de responsabilidades políticas y penales.
“La alteración de la paz pública por parte de grupos de la delincuencia organizada obedece en muchas ocasiones no sólo a su poder de fuego, sino a la captura o abierta colusión de los grupos criminales con diversas autoridades políticas del lugar”, enfatiza la propuesta.
Fuente: El Universal
