Agencias. Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña (PRD), urgió a retomar lo antes posible la discusión de la Ley General contra la Tortura, cuya minuta se encuentra en la Cámara de Diputados, pues la problemática lejos de disminuir se acrecienta debido a la impunidad.
La legisladora advirtió que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas fue contundente en su reciente visita al exhortar al Estado mexicano a centrarse en la lucha contra la impunidad, incluyendo la urgente adopción de la Ley General contra la Tortura, pues a ocho años de su primera visita, las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad.
“Lo anterior encuentra confirmación en el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) sobre la situación de las cárceles en México, en el que señala que tanto los centros federales como los estatales de rehabilitación social operan en situaciones de riesgo relativas al derecho a recibir un trato humano y digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la protección de la salud y a la integridad personal”.
Recordó que desde el inició de la LXII Legislatura en el Senado se advirtió que el sistema penitenciario nacional se encontraba en una crisis extrema debido a la violación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, la tortura, la corrupción y los autogobiernos, entre otras cuestiones.
“El motín en la cárcel de Topo Chico fue un botón más de muestra sobre las problemáticas que experimentan los penales en México; la muerte de 49 internos durante el motín fue una tragedia que puso sobre la mesa la importancia de la reforma al sistema penitenciario, pues la mayoría de estos centros de privación de libertad eran y siguen siendo bombas de tiempo”, refirió.
Comentó que la tortura no es exclusiva de las cárceles sino que comúnmente ocurre entre el momento de la detención y la presentación ante un juez de la persona detenida, en centros de detención, incluidos los centros migratorios, hospitales y albergues.
De la Peña señaló que el reordenamiento de los sistemas penitenciario y de procuración de justicia no se concretará solamente con el nuevo sistema de justicia penal y la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino que también requiere de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, sobre todo, de la voluntad política tanto en el Congreso de la Unión como en los gobiernos federal y estatales.
Fuente: El Universal
