Tras recibir por escrito la declaración de Lucero Sánchez, presuntamente ligada a Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez dijo que el desafuero de la diputada local de Sinaloa sí procede, ya que, “no importa si la acusación que hace la Procuraduría General de la República (PGR) está basada en un delito grave o no”.
Explicó que el desafuero es un requisito para que el Ministerio Público pueda dar el siguiente paso, así que no pasa por la Sección Instructora el tema de sí es delito grave o no el uso de documentos falsos.
Además, el legislador rechazó que en la comisión que preside, haya algún tipo de celeridad por desaforar a la diputada sinaloense que presuntamente visitó a El Chapo en el penal de el Antiplano y precisó que, al ser el único caso de juicio de procedencia que tienen en estudio, lo están procesando como marca la Ley.
Alrededor del medio día de ayer, Rubén Tamayo, abogado de la legisladora panista, acudió a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y aclaró que “no es forzoso” que Lucero Sánchez se presente ante los legisladores que llevan el análisis de su juicio de procedencia.
Entrevistado al salir de la Sección Instructora, Tamayo aseguró que tiene pruebas con las que va a demostrar que ella (Lucero Sánchez) no tiene por qué ser responsable, y el juicio de procedencia, dijo, pues igualmente tendrá que declararse no ha lugar.
“Ella no tiene responsabilidad respecto al delito que se le trata de juzgar, aquí sabemos que el delito es por uso de documento falso, entonces nosotros vamos a defender ese aspecto, igual que la Procuraduría tratará de demostrar que ella sí usó un documento falso”, indicó Tamayo.
El litigante señaló que en su apartado de defensa, destaca que el artículo séptimo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece ciertos delitos por los cuales se puede hacer un juicio político, y el que se refiere a este punto, es decir, el uso de documento falso, no se encuentra dentro de esos delitos.
Además, argumentó que el uso de documentos falsos no es un delito grave; “al no ser un delito grave no tendría que haber un juicio de procedencia, y lo que vamos nosotros a desahogar, pues lo haremos de acuerdo a lo que la ley prevé; sin embargo, les reitero, no es un delito grave para que pudiera tener que iniciarse un juicio de procedencia como éste”.
