Representantes del sector privado y la sociedad civil presentaron la iniciativa ciudadana de Ley de Responsabilidades administrativas, para frenar la corrupción; para que sea discutida en el Congreso prevén recabar 120 mil firmas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, acompañado del ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente y el titular del Imco, Juan Pardinas, entre otros, dijo que la corrupción cuesta 9 por ciento del PIB, según el Banco Mundial.
“Es una tarea que tenemos que emplear desde las empresas y las instituciones, por eso la iniciativa busca ser tomada en cuenta en el poder legislativo, se discuta, se apruebe y se enriquezca, pero con una ley transparente”, sostuvo.
El líder empresarial indicó que ”cuando hay múltiples requisitos, entre más complejos más posibilidades de corrupción hay, así como la utilización de criterios subjetivos por parte de los inspectores, por ello la importancia de contar con normas y transparencia”.
Entre las principales propuestas, de organismos como el Imco, destacan la obligación de presentar la declaración patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública; medidas preventivas basadas en mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que la IP participe de actos de corrupción.
Además, establece mecanismos para que los ciudadanos denuncien actos de corrupción de manera segura y anónima.
En la iniciativa se puede consultar una clasificación de los 10 actos de corrupción grave, como el soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
También proponen dotar de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables y la creación de una plataforma digital, que agrupe información de cualquier órgano de gobierno, necesaria para la investigación.
Según Castañón, también se establecen sanciones severas para servidores públicos que hagan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
El presidente del CCE dijo que el gremio no sólo promoverá la iniciativa entre ellos, sino que también realizarán cabildeo con los legisladores, a fin de que tenga viabilidad en el Congreso de la Unión.
