*Aprueba resolución para iniciar separación de España
*Advierten secesionistas que harán caso omiso a la impugnación del Gobierno español
Agencias
Madrid, España
El Parlamento de Cataluña aprobó el lunes una resolución que busca iniciar el camino hacia la independencia, una medida que el Gobierno español anunció que bloqueará.
El plan para empezar el proceso de creación de la República Catalana se aprobó por 72 votos a favor y 63 en contra, en una cámara de 135 escaños y mayoría secesionista desde las elecciones autonómicas de septiembre pasado.
La propuesta, que incluye la puesta en marcha en un mes de instituciones propias para una "desconexión pacífica" de España, será recurrida de inmediato por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.
Las fuerzas independentistas de Junts pel Sí y Candidatura d'Unitat Popular (CUP) advirtieron que harán caso omiso de la previsible impugnación en la Corte, y no está claro qué medidas tomará entonces el Gobierno, que ya avisó que utilizará todos los instrumentos jurídicos a su alcance.
Los portavoces de los grupos que rechazan la secesión acusaron a los promotores de querer romper la legalidad y el Estado de Derecho y de avanzar hacia un proceso de consecuencias graves e imprevisibles.
La centrista Inés Arrimadas, cuya formación (Ciudadanos) es la segunda en escaños del Parlamento regional, acusó al presidente en funciones, Artur Mas, de querer eludir con el proceso independentista su comparecencia ante la justicia, ya que su propio partido, CDC, está implicado en varios casos de corrupción.
El desafío catalán acapara el debate político en España a mes y medio de las elecciones generales, en las que los sondeos prevén que el Partido Popular de Rajoy sea el más votado, pero lejos de la mayoría absoluta de 2011 tras una legislatura plagada de recortes sociales y escándalos de corrupción.
Cataluña, una de las regiones más ricas del país pero también muy endeudada, vio reforzarse el sentimiento independentista especialmente a partir de 2012, en medio de la crisis económica y tras el rechazo del Gobierno de Rajoy a negociar un pacto fiscal.
Con 7.5 millones de habitantes, aporta casi 20 por ciento del Producto Interno Bruto español y, debido a que se trata de una de las llamadas "regiones históricas" (con el País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno.
Sus competencias van desde la Policía propia hasta la gestión de las cárceles, pasando por empleo, economía, educación o sanidad.
Rajoy impugnará
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó preparar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la resolución aprobada por el Parlamento catalán que pone en marcha un proceso independentista de esa región.
“Es el primer paso. Me gustaría que fuera el último", avisó Rajoy a los secesionistas en una declaración institucional.
“Ni Cataluña se va a desconectar (de España) ni se va a producir ninguna fractura y nadie tendrá que escoger ni renunciar a su identidad española y europea", advirtió.
Apenas una hora después de que la Cámara catalana aprobara la moción independentista, Rajoy compareció en la sede del Ayuntamiento de Béjar, donde participa en un acto de su formación, el Partido Popular (PP), para responder a los secesionistas, que sacaron adelante su iniciativa en la cámara regional catalana por 72 votos contra 63.
El jefe del Ejecutivo español dijo que ha firmado la petición al Consejo de Estado (órgano consultivo) de un informe que servirá de base jurídica para el recurso que el Gobierno presentará el miércoles ante el TC.
En ese recurso el Ejecutivo pedirá la inmediata suspensión de la resolución aprobada en Barcelona, de modo que no tenga valor ni consecuencias.
La admisión a trámite por el TC de ese recurso supondría su suspensión cautelar durante un plazo máximo de cinco meses, mientras los magistrados debaten sobre el asunto.
El dato
Cataluña, una de las regiones más ricas del país pero también muy endeudada, vio reforzarse el sentimiento independentista especialmente a partir de 2012, en medio de la crisis económica y tras el rechazo del Gobierno de Rajoy a negociar un pacto fiscal.
