*Segob reitera negativa a que militares sean interrogados por grupo de expertos; sólo Ministerio Público podría hacerlo
*Comparece Gobierno por crisis de derechos humanos; acuerda relanzar búsqueda de normalistas con participación del GIEI
El Universal
México, DF
El Estado mexicano reiteró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no puede interrogar a los soldados del 27 Batallón de Infantería y que sólo se pude hacer vía Ministerio Público (MP).
Lo anterior, durante la comparecencia del Gobierno mexicano ante la CIDH, con sede en Washington, con motivo de la grave crisis de derechos humanos que vive el país.
Y es que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, enfatizó que los puntos convenidos no contemplan que el GIEI pueda interrogar a los soldados del 27 Batallón de Infantería sobre los hechos ocurridos Iguala los días 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Durante el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado James Cavallaro cuestionó a los representantes del Estado sobre la declaración del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien dijo: “No puedo permitir que interroguen a mis soldados”.
Al respecto, Roberto Campa dijo que en México el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República; además, dijo que el grupo del GIEI podrá entrevistar a los militares sólo si está dispuesto a hacerlo a través del Ministerio Público.
“Reiteramos la plena disposición de que en el marco legal puedan ampliarse las declaraciones de los militares; hasta el momento han declarado casi 50 integrantes del Batallón”, explicó el subsecretario.
En su oportunidad, el GIEI enfatizó que el Informe Ayotzinapa puso de manifiesto que los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos no iban a boicotear ningún acto político en Iguala.
Mencionó que no hay evidencias de infiltración por parte del crimen organizado en el grupo de estudiantes que acudieron a Iguala por unos autobuses para transportarse a la Ciudad de México.
Por otra parte, el Gobierno mexicano y el GIEI acordaron dar seguimiento al trabajo que pasará por el “relanzamiento y reestructuración” de la investigación que sigue abierta para esclarecer la verdad sobre la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La duración de este nuevo mandato será decidido antes del próximo 31 de octubre, cuando la CIDH deberá pronunciarse sobre la petición para la prórroga de los trabajos que podrían ampliarse medio año más.
“La decisión podría producirse antes incluso del 28 de octubre”, aseguró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
El acuerdo suscrito por ambas partes, luego de más de un mes de intensas negociaciones, intentará establecer las nuevas reglas para que el GIEI pueda colaborar como coadyuvante en las labores de investigación que asumirá la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Eber Omar Betanzos Torres.
Precisamente el hecho de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ceda el paso a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, fue considerada como “una de las mejores noticias” por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
“Creo que ha sido muy importante esta decisión”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés).
Caso seguirá abierto hasta consignar a responsables: PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) no cerrará la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotiznapa hasta que el último responsable sea consignado, sostuvo el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos.
Durante la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, Betanzos Torres anunció que el Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ya fue integrado a la investigación.
Acompañado por Roberto Campa, el funcionario de la PGR indicó que se solicitó la acumulación de los procesos que están en distintos juzgados para la unificación de la investigación, como lo solicitaron los expertos independientes.
Adelantó que si así lo consideran los detenidos por el caso Iguala, se les aplicará el Protocolo de Estambul ante las denuncias que tiene registrado el GIEI de malos tratos y tortura.
Eber Betanzos informó que la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República está concluyendo el avance de la información financiera que existe de todos los inculpados.
En torno a la incorporación de fotografías satelitales y tecnología de búsqueda, como lo pidió el GIEI, mencionó que se ha solicitado asistencias jurídicas internacionales.
“Reiteramos también la mayor voluntad de colaborar con las autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el Estado mexicano y la Procuraduría General de la República, en particular, reconocen de manera muy puntual el trabajo que ha desarrollado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, agregó.
El dato
La Seido dejó la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en manos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, noticia que aplaudieron diversas organizaciones civiles.
