MÉXICO, D.F., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- A partir del Acuerdo publicado en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF), la Procuraduría General de la República (PGR) contará con una Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que queda adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
El acuerdo, que entra en vigor a partir de mañana, señala que el titular de la Fiscalía tendrá la calidad de agente de Ministerio Público de la Federación, quien será designado y removido libremente por la Procuradora General de la República.
Se menciona que la nueva fiscalía será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en su caso, su identificación forense, así como para perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas.
El fiscal deberá diseñar, instrumentar, supervisar y evaluar la ejecución de los protocolos relativos a la búsqueda y localización de personas desaparecidas e identificación forense, los cuales deberán ajustarse a los estándares científicos reconocidos internacionalmente.
Asimismo, deberá conformar grupos de trabajo para el impulso de la investigación en casos específicos de desaparición de personas.
Se coordinará con las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de colaborar, auxiliar y en su caso, asistir a las autoridades locales en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Para el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas contará como mínimo con un área de averiguaciones previas, cuyo titular será agente del Ministerio Público de la Federación.
Atender e informar a los familiares de las personas desaparecidas de las líneas de investigación orientadas a la localización de las personas desaparecidas e incorporarlos en los procesos destinados a la búsqueda y localización.
Además de establecer mecanismos de coordinación y de colaboración con otras áreas de la Procuraduría, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos Estatales, y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las víctimas.
