ANA MOZO/AVC NOTICIAS
XALAPA
Las sobrevivientes de tentativa de feminicidio en Veracruz y el resto del país deben lidiar con el trauma de la violencia que sufrieron, pero también con un sistema de justicia que las revictimiza y obstaculiza su acceso a la protección, señalaron Karen Mansur y Sandra Hernández, integrantes de la Colectiva Multidisciplinar Insumisas.
En entrevista para AVC Noticias, las activistas relataron que cuando una mujer acude al Ministerio Público tras un intento de feminicidio, en muchas ocasiones es recibida con indiferencia o incluso con comentarios insensibles por parte de las autoridades. “Hemos conocido casos en los que les dicen cosas como: ‘Si no te mató, ven cuando te haya golpeado más fuerte’”, denuncian.
Uno de los principales problemas es la incorrecta clasificación de los casos. En lugar de investigarlos como tentativa de feminicidio, muchas veces se tipifican como violencia familiar, lesiones o tentativa de homicidio, lo que permite que los agresores evadan sanciones más severas.
“Hace mucha falta que se juzgue con perspectiva de género”, advierte Sandra Hernández. “Hay muchos huecos en la ley y, en los casos que hemos acompañado, vemos que las autoridades suelen minimizar la gravedad de los hechos, lo que da oportunidad a los agresores de eludir una sentencia”.
Esta falta de enfoque de género también se refleja en los errores procesales. Desde policías sin capacitación adecuada hasta peritos que formulan preguntas insensibles, el sistema judicial se convierte en una trampa para las víctimas en lugar de brindarles apoyo.
BUROCRACIA Y TRABAS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA
Otro grave obstáculo es la burocracia. En muchos casos, las víctimas deben denunciar en el estado donde ocurrió la agresión, lo que representa un problema cuando han tenido que huir para salvar su vida. A pesar de que las autoridades pueden coordinarse entre entidades, muchas veces ponen trabas y se niegan a procesar las denuncias.
A esto se suma la demora en los procesos legales, lo que deja a las víctimas expuestas a nuevos ataques. “Mientras se cumplen todos los requisitos que piden, el agresor sigue libre y con la posibilidad de volver a atacar”, advierten.
FALTA DE PROTECCIÓN REAL PARA LAS VÍCTIMAS
Las órdenes de restricción y dispositivos de emergencia, como los botones de pánico, muchas veces resultan ineficaces. “La protección es mínima y, en muchos casos, la familia del agresor sigue hostigando a la víctima”, señalan las activistas.
En algunos casos, las autoridades incluso sugieren a las mujeres mudarse de domicilio como única alternativa para su seguridad, trasladando la responsabilidad de protección a las víctimas en lugar de a los agresores.
Más allá del sistema judicial, las activistas denuncian la indiferencia social ante la violencia que enfrentan las mujeres. “En una protesta en el Senado, varias mujeres compartieron sus testimonios. Mientras hablaban, algunas personas ni siquiera volteaban a verlas y otras hasta les gritaban: ‘Ya cállense, locas’”, relata Sandra.
Esta actitud también se refleja en la falta de empatía hacia las sobrevivientes. “Una compañera nos contó que se sintió feliz cuando sentenciaron a su agresor, pero la gente la juzgó, diciéndole que no podía alegrarse por la desgracia de alguien más. Lo que no entienden es el miedo con el que viven estas mujeres, la ansiedad de no saber si su agresor va a volver”, explican.
Pese a los obstáculos, muchas sobrevivientes deciden alzar la voz para exigir justicia, aun sabiendo el riesgo que esto implica. “Cuando una mujer hace su caso público, se la está jugando. Porque el agresor puede verlo y tomar represalias. Pero alzar la voz es un acto de rebeldía y amor propio”, concluyen Karen y Sandra.
La lucha por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente en el país. Mientras la revictimización persista y los agresores sigan encontrando vacíos legales para evadir la justicia, las mujeres seguirán en riesgo.
LOS CASOS DE LA IMPUNIDAD
Casos como los de Nancy y Carmen Paola en Veracruz, y Yakiri Rubio en la Ciudad de México, evidencian las deficiencias estructurales que perpetúan la impunidad.
Nancy, originaria de Córdoba, Veracruz, fue golpeada y estrangulada por su agresor. A pesar de haber sido detenido en flagrancia, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo procesa únicamente por violencia familiar, otorgándole arraigo domiciliario en lugar de prisión preventiva. “Temo que salga y me vuelva a atacar”, denuncia la víctima, quien exige que el delito sea reclasificado como feminicidio en grado de tentativa.
En Orizaba, Carmen Paola sufrió una agresión brutal que le dejó lesiones permanentes, como pérdida auditiva y de visión, tras haber sido secuestrada y golpeada. Sin embargo, la jueza de control determinó que las pruebas eran “insuficientes” para tipificar el delito como tentativa de feminicidio y lo reclasificó como violencia intrafamiliar, permitiendo la liberación del agresor. “No solo temo por mi vida, también por la de mi hijo”, señala Carmen, quien ha recibido constantes amenazas.
El caso de Yakiri Rubio, ocurrido en 2013 en la Ciudad de México, revela otro patrón de criminalización a las sobrevivientes. Yakiri fue secuestrada, golpeada y violada por dos hombres. Durante el ataque, logró herir con un cuchillo a uno de sus agresores, quien murió desangrado. En lugar de recibir apoyo, Yakiri fue arrestada y acusada de homicidio agravado, pasando meses en prisión hasta que un tribunal reclasificó el caso como “homicidio por exceso de legítima defensa”, permitiendo su liberación bajo fianza.
FEMINICIDIO EN VERACRUZ: VACÍOS LEGALES Y UNA CRISIS EN AUMENTO
El feminicidio en Veracruz sigue en aumento, pero la falta de una tipificación clara sobre su tentativa deja a muchas víctimas en un limbo legal que favorece la impunidad.
Mientras que el Código Penal del estado reconoce el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género desde 2011, no contempla con precisión la tentativa de feminicidio, lo que dificulta su judicialización y permite que muchos casos sean reclasificados como delitos menores.
Según María Adriana Fuentes Manzo, abogada y coordinadora de la organización Equifonía, este vacío legal genera que las agresiones que pudieron haber terminado en feminicidio sean investigadas bajo figuras como lesiones, violencia familiar o tentativa de homicidio, sin considerar el trasfondo de violencia de género.
Explica que, aunque el Código Penal de Veracruz sí contempla la tentativa en otros delitos, su aplicación en casos de feminicidio sigue siendo ambigua, lo que permite que los agresores reciban penas menores o incluso queden en libertad.
Esta situación se agrava ante la falta de una política pública efectiva para la prevención de la violencia de género. “Cada día, 11 mujeres son asesinadas en el país, y la prevención ha sido ineficaz”, advierte Fuentes Manzo.
Añade que la violencia contra las mujeres no solo debe abordarse desde la fiscalía especializada en feminicidios, sino a través de una coordinación gubernamental real en los niveles federal, estatal y municipal. Veracruz se mantiene entre los estados con mayor incidencia de feminicidios. En 2024, ocupó el cuarto lugar nacional, con 53 casos. Seis municipios del estado se encuentran entre los 100 con más feminicidios en el país, destacando Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba.
Datos del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que entre 2022 y 2024 se registraron 83 feminicidios en la entidad. En 2022, el municipio de Veracruz encabezó la lista, seguido de Coatzacoalcos y Xalapa. En 2023, Coatzacoalcos lideró los registros, con Papantla y Medellín en segundo y tercer lugar. Para 2024, nuevamente Veracruz tuvo la mayor incidencia, seguido de Coatzacoalcos y Emiliano Zapata.
LEY OROPÉNDOLA
La Colectiva Insumisas explica que la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio ha tomado la acción de impulsar la aprobación de la ley Oropéndola, que consiste en una serie de reformas al Código Penal Federal que reconocen la gravedad del delito de tentativa de feminicidio y que busca garantizar los derechos de las víctimas. Dicha ley fue aprobada en la Cámara de Diputados en 2022, pero hasta la fecha se encuentra congelada en el Senado de la República.
La Ley Oropéndola tiene cuatro puntos relevantes, que son:
1.- Prisión preventiva oficiosa, pues hoy en día, existe una jurisprudencia que indica que únicamente la tentativa de violación amerita prisión preventiva oficiosa, dejando por fuera a la tentativa de feminicidio y otros delitos de género.
2.- Que el dicho de la víctima cuente, ya que, si bien es cierto que las pruebas, peritajes y dictámenes son fundamentales para acreditar el delito, uno de los principales testimonios debe ser el de la víctima, pues al haber sobrevivido, la víctima y el agresor son los únicos que conocen los detalles del ataque.
3.- Reparación integral del daño, pues de manera equivocada, el sistema y la sociedad creen que el haber sobrevivido es “ganar”, y que no hay nada más que las sobrevivientes puedan buscar. El acceso a una reparación integral del daño actualmente conlleva muchas cosas, además, no existen cifras de cuántas sobrevivientes de feminicidio existen en México, y en consecuencia no existe un proceso homologado para acceder a una reparación del daño.
4.- La punibilidad aplicada. Actualmente, las sentencias por tentativa de feminicidio se derivan de los casos de feminicidio consumado, la mitad de la mínima y las 2/3 de la máxima, omitiendo y no considerando las atenuantes bajo las cuales se sobrevive.
Un feminicidio en grado de tentativa no sentenciado de forma justa y correcta puede ser la antesala de un feminicidio consumado.
