EL UNIVERSAL
PACHUCA
Aunque el delito de feminicidio en Hidalgo está tipificado desde 2013, el camino aún es largo para alcanzar la justicia, pero sobre todo para erradicar uno de los crímenes que se cometen por el simple hecho de ser mujer. Un sistema que falla de manera estructural ha llevado a que de 2016 a 2024, 181 mujeres perdieran la vida en la entidad, muchas a manos de sus parejas sentimentales.
La organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) advierte, en entrevista con EL UNIVERSAL, que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido. La crueldad de sus victimarios prevalece en cada caso.
El más reciente fue el de Rosaura, quien tenía tan sólo 26 años cuando su expareja, Marco Antonio, un expolicía del municipio de Mineral de la Reforma, la asesinó junto a su madre Rosa, y a su hermano Ramiro, en su domicilio ubicado en Azoyatla, el pasado 5 de febrero.
En el ataque también resultó herido su padre, Roberto, y su hermano del mismo nombre.
Además, Rosaura, quien había denunciado violencia familiar y había sido retenida a la fuerza en varias ocasiones por Marco Antonio, dejó a dos hijos huérfanos.
Las tragedias, las vidas truncadas y las familias que no vuelven a ser las mismas en estos 181 casos son un recordatorio para las autoridades de que algo se ha hecho mal, coinciden activistas de Hidalgo.
Más que datos duros
Rafael Castelán y Javín Álvarez Ruiz, integrantes de Seiinac, señalan que, de 2013 a 2023, según informes del Poder Judicial obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se registraron 663 homicidios de mujeres. De estos, 31.8% fueron dolosos, 38% culposos y 31% feminicidios. Esto significa que al menos tres de cada 10 asesinatos cometidos contra mujeres fueron por razón de género.
La tasa de feminicidios consumados y en grado de tentativa en Hidalgo pasó de 0.089 por cada mil mujeres en 2013 a 0.17 en 2020 y 0.20 en 2021. Ese año, dos de cada 100 mil mujeres en el estado fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres.
La tendencia anual de feminicidios en Hidalgo, de 2015 a 2024, muestra su punto más alto en 2016 y 2017, con 22 casos cada año. Hubo un ligero descenso en 2018, con 20 casos, seguido de 19 en 2019, 21 en 2021, 19 en 2022, 20 en 2023 y 18 en 2024.
A pesar de los avances legales en la tipificación de este delito —que en Hidalgo conlleva una pena de hasta 50 años de prisión—, el sistema judicial enfrenta barreras para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Los municipios con mayor número de feminicidios son Pachuca, con 40 casos; Tizayuca (25), Tula, Ixmiquilpan y Tulancingo (entre 15 y 20 cada uno). Las víctimas tenían entre 25 y 35 años, lo que sugiere que las mujeres jóvenes son las más afectadas por esta forma de violencia extrema.
Además, otro dato alarmante: 211 niños y niñas han quedado en situación de orfandad tras estos feminicidios, advierten los activistas.
Un presupuesto que no llega
Ernestina Vázquez López, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, informó que existe un presupuesto de 5 millones de pesos otorgado desde 2023 para la reparación del daño a las víctimas, pero no ha sido ejercido porque no se han autorizado las reglas de operación.
Las víctimas pueden acceder a este recurso mediante la recomendación de organismos como la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría de Justicia o la Secretaría de Salud, que otorgan la calidad de víctimas, pero deben cumplir una serie de requisitos, en la que tienen que demostrar los gastos que ejecutaron durante el proceso.
Reitera que al momento el presupuesto no ha sido liberado por la Secretaría de Hacienda, en tanto que esta comisión tiene un registro de 46 víctimas, pero sólo seis han accedido a una reparación integral del daño, incluido el ámbito económico; ninguna de ellas es por feminicidio y, en estos casos, han sido los agresores quienes han pagado los gastos, no el Estado.
Ernestina Vázquez destaca que el estado, al momento, no ha entregado ninguna reparación económica y para feminicidio asegura que no existe ninguna solicitud.
Refugios: la última esperanza
Ana Wolff, directora del refugio En Familia Rompamos el Silencio, explica que a este lugar llegan las mujeres en una situación extrema de violencia, que buscan escapar de una muerte segura. Resalta que existe preocupación por el incremento de la violencia, por lo que esto mantiene en alerta a las organizaciones civiles.
Indica que en los dos meses que han transcurrido de este 2025 ya se tiene la mitad de las carpetas que había en 2024 por este delito.
Además, comenta que las mujeres no llegan a los espacios de protección, puesto que instituciones como hospitales, ministerios públicos y centros de justicia no canalizan a tiempo a las víctimas en riesgo inminente, lo que ha llevado a que ocurran tragedias, como el feminicidio de Rosaura y el asesinato de su familia.
"Lo preocupante es que muchos agresores pertenecen a cuerpos policiales, y eso es sumamente peligroso", enfatiza la activista Ana Wolff.
Afirma que el Estado ha fallado en la protección de las mujeres y son las organizaciones civiles las que han tenido que suplir este trabajo: "Muchas mujeres dejan de denunciar porque saben que el sistema no las protegerá".
Sobre el refugio que dirige, explica que existe para que las víctimas estén seguras, y si consideran que hay un riesgo, las usuarias pueden ser canalizadas a otras entidades para mayor tranquilidad y protección. En 2024, recuerda, se trasladó a tres mujeres fuera de Hidalgo porque sus agresores estaban vinculados con el crimen organizado o con la policía.
En el refugio hay personal, médico y sicológico, debido a que muchas víctimas llegan con problemas de salud, así como secuelas emocionales. También se brinda apoyo jurídico y acompañamiento, así como programas para alcanzar la autonomía económica, ya que al no tenerla muchas mujeres permanecen al lado de sus agresores.
Un fenómeno que han detectado es que en enero crece el número de personas violentadas.
Ana Wolff explica que esto podría deberse a que durante las fiestas decembrinas se establece una especie de tregua, pero al concluir la celebración, la paz se acaba.
Precisa que las usuarias del refugio cada vez son más jóvenes, incluso adolescentes de 14 a 17 años, aunque la media son mujeres entre 30 y 35 años, y pueden provenir de diversos estratos socioeconómicos y niveles educativos.
Las omisiones que matan
Para la activista independiente Lol Canul, el caso del feminicidio de Rosaura y el asesinato de dos de sus familiares deja al descubierto una falla estructural que convierte a la impunidad en un patrón sistemático de asesinatos.
Las fallas por parte de las autoridades —no sólo de la jueza, sino también del municipio y de otras instituciones— y no sólo en el caso de Rosaura, sino también de otras víctimas que no encuentran una respuesta a sus denuncias, son evidentes y las pagan las víctimas.
Precisa que siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
Lo más alarmante, dice, son las cifras negras, por lo que estos datos quedan muy por debajo de la realidad, esto, debido a que muchas mujeres no denuncian por miedo, desconfianza o porque ni siquiera identifican que viven en violencia.
Lol Canul señala que el feminicidio de Rosaura dejó al descubierto las fallas en el sistema de justicia, en el que existen muchas omisiones en materia de seguridad, entre ellas, está la falta de respuesta de las patrullas del 911 a las llamadas de emergencia, lo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
"Cada minuto de omisión puede significar una vida perdida, y se ha normalizado que las autoridades ignoren las denuncias", añade la activista, quien, además, advierte que es indispensable continuar con la capacitación para identificar la violencia, ya que se da por hecho que todas conocen esta situación, pero en la práctica no es así.
