La presidenta de la Suprema Corte hace pública su propuesta y hace un llamado “respetuoso pero firme” a los legisladores de valorarla antes de votar la iniciativa del presidente.
AGENCIAS
CDMX
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha hecho pública este domingo su propuesta de reforma judicial. El documento, que surge desde la judicatura federal y local, llega in extremis como una alternativa a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. “La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende”, ha dicho la ministra en una transmisión especial, en la que ha pedido a los senadores que valoren su proyecto: “Una vez más hago de frente un llamado respetuoso, pero firme a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la unión”. La reforma del presidente ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y esta próxima semana se discute en el Senado, donde Morena y sus aliados solo necesitan de un voto más para hacerla realidad.
Hace semanas que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura federal preparan su propio proyecto de reforma judicial. Este domingo, cuando quedan apenas un par de días para que la iniciativa de López Obrador pase su última barrera en la Cámara Baja, Norma Piña ha anunciado su lanzamiento. El documento, llamado “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, es —en palabras de la ministra— “una propuesta que surge de un proceso reflexivo y autocrítico de las jueces y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial, desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.
Acompañada de los ministros Jorge Pardo, José Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar, y de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña ha insistido en los fallos de la actual reforma judicial, que tiene como principal cambio la elección de los jueces por voto popular: “Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México”. “Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestro compromiso es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, ha afirmado.
La propuesta llega el mismo día que se han reunido las comisiones en el Senado para emitir su dictamen sobre la reforma. La presidenta del máximo tribunal de México ha defendido su proyecto como “parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo” con todos los actores del sistema de justicia federal y locales, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de la violencia. “Si tenemos el valor y la voluntad real hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, ha dicho Piña.
La presidenta de la Corte participó el viernes en una de las protestas organizadas por los trabajadores del poder judicial contra la reforma. Vestida con una camiseta blanca con los símbolos de la SCJN, del Gobierno de México y con la leyenda “Todos somos el PJF (Poder Judicial de la Federación)”, la ministra se tomó fotos con los asistentes y fue cobijada con consignas de agradecimiento por su oposición a la iniciativa. Solo un día antes, Piña inició dos consultas para saber si está facultada como presidenta de la Suprema Corte para frenar la aprobación de la reforma judicial.
El asunto se desprende de una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed), que considera que la propuesta de López Obrador es inconstitucional y viola el principio de independencia judicial. La organización pide a la SCJN que detenga el proceso legislativo como medida cautelar, algo que no tiene precedente en México. Piña turnó los dos asuntos a Lenia Batres, la última ministra nombrada por el presidente y una pública defensora de la reforma judicial. Será ella quien haga una propuesta sobre qué debe hacer el tribunal para que después sea discutido por el resto del pleno.
López Obrador criticó duramente a Piña por haber aceptado la solicitud de Jufed: “Sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución”. El presidente aseguró que una intervención de la Corte en mitad del proceso legislativo “sería una intromisión burda” y una “arbitrariedad”: “No tiene fundamento legal”. Normalmente, la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma después de que es aprobada y no durante el proceso de discusión. La reforma fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados por la aplastante mayoría de Morena y sus aliados, y está ahora en manos del Senado.
Los cambios a la reforma judicial: Contempla indemnizaciones a jueces y permiso para que puedan litigar tras dejar el cargo.
La reforma al Poder Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador está a poco de concretarse. Aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, donde el bloque oficialista tiene una aplastante mayoría, toca al Senado discutirla y votarla el próximo miércoles. La piedra angular de la enmienda constitucional, y su punto más polémico, es que todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por el voto directo de los ciudadanos en las urnas. Pero el proyecto incluye muchos otros cambios que implican la reorganización estructural más grande del Poder Judicial desde 1994, cuando el Gobierno de Ernesto Zedillo creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y redujo el pleno del Supremo de 23 a 11 integrantes. La propuesta de López Obrador ha encontrado enormes resistencias entre los empleados judiciales y los juzgadores, que temen por sus derechos laborales. El bloque Morena-PT-PVEM en la Cámara de Diputados ha aprobado algunas modificaciones al proyecto original para suavizar los efectos negativos sobre los jueces que sean removidos con la entrada en vigor de la reforma.
La propuesta plantea una elección para 1.691 cargos de juez de distrito, magistrado de circuito y ministro de la Suprema Corte. Más de 11.000 candidatos podrán participar. La reforma propone que la renovación de la judicatura sea en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Todos los juzgadores que actualmente están en funciones pueden postularse como candidatos, ya sea para repetir en su puesto o para aspirar a uno de mayor jerarquía. También pueden renunciar al derecho a participar y retirarse. El proyecto original señalaba que quienes hayan ocupado el cargo de juez de distrito, magistrado de circuito y ministro de la Corte no podrían, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, litigar casos como abogados o representantes ante el Poder Judicial. El bloque parlamentario oficialista suavizó esta prohibición, al menos para los exjueces y exmagistrados, quienes podrán litigar asuntos siempre y cuando no lo hagan en el distrito o circuito en el que estuvieron adscritos.
La mayoría oficialista también agregó al proyecto de reforma que los jueces de distrito y magistrados de circuito que concluyan su cargo por haber declinado su candidatura o por no resultar electos reciban un pago de tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones a que tengan derecho. Los legisladores del bloque mayoritario argumentaron que esta adición demuestra que el Gobierno sí se preocupa por los derechos de los juzgadores, a contrapelo de los señalamientos de la oposición. Los diputados del PAN y el PRI, por su parte, acusaron que esa adenda era algo así como un soborno o un premio de consolación para desactivar las manifestaciones de los empleados de la judicatura y los jueces, que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados y amagan con tomar también el Senado.
Reingeniería judicial
El Consejo de la Judicatura Federal fue creado en 1994 como el órgano de administración y vigilancia de los jueces. Es presidido por el ministro que a su vez encabeza la Suprema Corte. El CJF no tiene facultades para sancionar a los ministros del Supremo (el Alto Tribunal se administra a sí mismo). La reforma de López Obrador propone dividir las funciones del CJF en un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar a los juzgadores, incluidos los ministros, y en un Órgano de Administración, a cargo de la gestión administrativa. Asimismo, plantea una separación radical de la Suprema Corte, pues ninguna de esas dos nuevas instancias estará presidida por algún integrante del Alto Tribunal.
La primera elección de jueces será el primer domingo de junio de 2025 y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). En esos comicios se elegirá a ministros de la Suprema Corte, a magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, a los integrantes del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito. La otra mitad se elegirá en las urnas en 2027, de manera concurrente con los comicios de diputados federales. Los poderes judiciales de los 32 Estados del país se renovarán de la misma manera, escalonadamente. Por lo que respecta al Tribunal Electoral Federal (TEPJF), los cinco magistrados que actualmente están en funciones continuarán en el cargo hasta los comicios de 2027.
Los aspirantes a alguno de los cargos judiciales deberán tener licenciatura en Derecho, haber obtenido un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve en las materias afines al cargo y tener experiencia de cinco años en la práctica jurídica; también deberán elaborar ensayos y entregar cinco cartas de referencias recogidas entre sus vecinos o colegas. Los candidatos podrán hacer campaña durante dos meses en la jurisdicción a la que aspiren, pero no podrán recibir financiamiento público o privado. El INE les asignará tiempos en radio y televisión con cargo al erario.
La propuesta plantea reducir la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes y eliminar sus dos salas, en las que se despachan asuntos en materias civil y penal y administrativa y laboral, para que todo se resuelva en el pleno. También se establece un candado para que la Corte no pueda otorgar suspensiones de normas generales ni suspensiones con efectos generales, una facultad que ha sido objeto de crítica por parte de López Obrador, luego de que los ministros han frenado leyes expedidas por el Congreso hasta en tanto resuelven el fondo de las impugnaciones. “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales”, dice el texto de la enmienda.
Para renovar la Corte, el Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, el Supremo a otros 10 y el Congreso a 10, cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado (con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en cada Cámara). El mismo número de candidatos será para el Tribunal Electoral —la Sala Superior y las salas regionales— y para el Tribunal de Disciplina. Para hacer las proposiciones de candidatos, cada poder de la Unión integrará un comité de evaluación formado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica. Esos comités examinarán a los aspirantes e integrarán listados con los 10 mejores evaluados, observando la paridad de género. Para los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito, cada poder, a través de su comité evaluador, propondrá seis candidatos.
Los nuevos ministros del Supremo durarán en el cargo 8 y 11 años, en función de la votación que obtengan en las urnas (entre más votados, más tiempo se quedan). El periodo en el cargo de los jueces de distrito y magistrados de circuito será de ocho años. Los magistrados de Tribunal de Disciplina durarán en el cargo cinco y ocho años, según su votación en las urnas. En el caso de los magistrados del TEPJF, que serán electos en 2027, la duración del cargo será de seis años.
Las boletas electorales se ordenarán por cargo y circuito judicial o distrito, y llevarán impreso el nombre de los candidatos y su especialización por materia. Se especificará qué poder de la Unión los postula, y se hará notar cuando alguno de los aspirantes esté en funciones en un cargo judicial al momento de la elección. Quienes sean electos como jueces y magistrados federales serán sometidos por el Tribunal de Disciplina a una evaluación el primer año. Si reprueban, tendrán oportunidad de tomar cursos de capacitación para repetir la examinación. Si de nuevo no aprueban, podrán ser suspendidos o inhabilitados.
El proyecto señala que, al aprobarse la reforma, todos los servidores públicos del Poder Judicial federal y de los Estados deberán ajustar su salario, que no deberá ser mayor a lo percibido por el presidente de México, de alrededor de 120.000 pesos mensuales. Para los ministros del Supremo, indica que, si no se postulan o pierden la elección, no tendrán derecho al “haber por retiro”, una prestación por encima de la ley que incluye una pensión de por vida, asistentes pagados por la Corte, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores para el juez y su cónyuge, prima vacacional y bono por riesgo. Si quieren conservar esa prestación, deberán presentar su renuncia al cargo antes de que concluya la convocatoria para la elección; en ese caso, el haber por retiro será proporcional al tiempo que estuvieron en la Corte.
