JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA
Activistas de Veracruz alzaron la voz ahora para pedir a los diputados de la sexagésima sexta Legislatura del Congreso de la Unión que prohíba el fracking, método de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos.
Los integrantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking señalaron que esta técnica es dañina, contaminante, y riesgosa para el medio ambiente y la salud de la población.
De acuerdo con Alejandra Jiménez Ramírez, integrante de dicha alianza, las organizaciones y comunidades solicitan a los nuevos diputados que atiendan la demanda popular que está pendiente desde hace 11 años.
Indicó que está comprobado que esta actividad es generadora de sismicidad inducida en lugares donde anteriormente no temblaba.
“El fracking es una técnica de extracción de gas y petróleo que es sumamente riesgosa y sumamente contaminante de fuentes de agua, del aire, del suelo, que genera enfermedades diversas sobre todo en mujeres, en infancias y adultos mayores y que está comprobado también que es generadora de sismicidad inducida en lugares donde nunca temblaba, en Estados Unidos por ejemplo ahora se presentan temblores”, expresó.
Veracruz es uno de los estados más afectados por la perforación de pozos, sobre todo en la zona norte del estado, como Papantla.
Alejandra Jiménez destacó que también es preocupante la gran cantidad de agua que implica el uso de esta técnica, pues se hablan de entre 9 y 29 millones de litros de agua que requiere cada pozo que es fracturado.
“Eso implica el uso de agua de uso humano para el desarrollo de esta técnica en un contexto de crisis hídrica que vivimos en nuestro país y en todo el planeta, y agravando también la situación de cambio climático en tanto el fracking es un generador importante de gases de efecto invernadero, entre ellos principalmente metano. Hasta la fecha se reconoce que el metano es 30 veces generador del 30% de los gases de efecto invernadero que hoy están generando esta crisis climática”.
Los integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking indicaron que es importante hacer un llamado a los legisladores para que asuman la responsabilidad de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a que las generaciones futuras también puedan gozar de estos beneficios.
URGE REFORMA AMBIENTAL
“La LXVI legislatura tiene la oportunidad de estrenarse aprobando una reforma constitucional que verdaderamente responde al interés público, que redundará en la protección del agua, del medio ambiente y del clima”.
Las 40 organizaciones y pueblos que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking llamaron a las y los legisladores que inician sus labores en este septiembre a aprobar sin mayor dilación la iniciativa de reforma constitucional de medio ambiente.
El pasado 14 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general el Proyecto de Reforma Constitucional a los artículos 4 y 27 de la Constitución.
Se trata de la reforma constitucional de medio ambiente, que en su contenido establece, entre otros temas, que: “no se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico”.
Consideran que la aprobación en ambas cámaras de este proyecto es un paso importante para la protección del ambiente, de las personas y del clima, considerando que el fracking es una técnica sumamente riesgosa y contaminante del suelo, fuentes de agua y del aire, que induce actividad sísmica, genera daños en la salud de las personas, en especial de mujeres, infancias y personas adultas mayores, además de contribuir de forma considerable en el incremento de la temperatura y en la crisis climática.
“Además de todos los daños que provoca esta técnica, está demostrado su bajo rendimiento: con pozos fracturados que tienen un período de vida productiva de entre 2 y 4 años, con un alto costo al cual se suma la destrucción masiva de territorios que se convierten en zonas de sacrificio”.
EL ORIGEN
En México esta técnica comenzó a utilizarse al menos desde 1996 en pozos convencionales, fracturando desde entonces 7 mil 879 pozos en un esquema de total ilegalidad y opacidad, sin informar ni consultar a comunidades afectadas, generando daños en los territorios y sus fuentes de agua, impactos a la salud y pasivos ambientales de los que hasta ahora las autoridades correspondientes no se han hecho responsables.
A pesar de la falta de regulación, sin información pública, y sin consultar a las comunidades, Pemex inició la exploración de pozos no convencionales de lutitas en 2006, fracturando hasta ahora 34 pozos exploratorios, en preparación para poder realizar una extracción a gran escala en este tipo de yacimientos. A la fecha se han destinado recursos públicos para su desarrollo, los cuales fueron por 4 mil 063 millones de pesos para este 2024.
Desde el 2013, cuando se conformó la Alianza Mexicana contra el Fracking, comunidades y organizaciones han documentado los riesgos e impactos de esta técnica y han exigido su prohibición.
“Consideramos un logro que, tras 11 años de lucha, finalmente esta demanda sea escuchada y haya llegado hasta el Congreso y, por fin, tenga posibilidades reales de volverse ley. Legisladores y legisladoras, prohibir el fracking es esencial como acción para proteger el clima, para garantizar una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras, y garantizar el derecho humano al agua en el contexto actual en que la crisis hídrica se viene agravando”.
La fracturación hidráulica también emite gases de efecto invernadero como el metano que contribuye en el calentamiento del planeta hasta 86 veces más que el dióxido de carbono. La prohibición del fracking será un avance histórico que colocará a México como referente global en las acciones por el clima.
“Este importante avance no puede ser dejado en el tintero, debe de llegar hasta sus últimas consecuencias concretando finalmente el compromiso 75 del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el cual aún está pendiente a unos días de la conclusión de su mandato. Llamamos a las diferentes bancadas para que en las discusiones que faltan para aprobar esta iniciativa de Reforma prevalezca el máximo interés de garantizar la vida, la protección del agua, el ambiente, así como de las personas y las generaciones futuras sobre los intereses económicos”.
Exhortaron a las legisladoras y legisladores para asumir este momento histórico y que prohíban el fracking, concretando esta iniciativa de reforma constitucional, estableciendo como piso mínimo: “no permitir la extracción de combustibles fósiles en yacimientos no convencionales, tal como está planteado en el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales”.
“No obstante consideramos que tal prohibición deberá extenderse a la prohibición total del fracking en yacimientos convencionales, y en congruencia con el reconocimiento de riesgos y daños del fracking que sustentan su prohibición, consideramos que no deberían establecerse excepciones a una práctica que debe ser prohibida en su totalidad”, añaden.
CRISIS HÍDRICA
Organizaciones ambientalistas señalaron que la proyección a corto plazo es que las violaciones de derechos humanos continúen en un contexto de explotación petrolera en la región del Totonacapan, al norte del estado de Veracruz, agudizando la crisis hídrica en la zona.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) indica que se han agudizado los problemas hídricos que provoca el fracking sobre todo en comunidades de Papantla.
“Es patente la falta de disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad del servicio de agua, donde la falta del servicio persiste todo el año, agravándose en la época de sequía”.
Se detalla que en el caso de los habitantes que están sin agua debido a utilización del fracturamiento hidráulico en Papantla, también se alteran las dinámicas comunitarias y la vida cotidiana de la gente por la carencia del líquido, afectando la alimentación, la salud y la producción agrícola, entre otras cuestiones.
“Las personas ejidatarias en cuyas tierras ocurren derrames de hidrocarburos, tienen que reconfigurar el uso del espacio ya que no pueden seguir con sus cultivos, la producción de vainilla se acaba y la de cítricos corren el riesgo de contaminarse”.
Además, el cambio en el clima produce alteración en las formas ancestrales de producción de alimentos y modifica las actividades económicas de los pueblos, empujándoles a buscar otras fuentes laborales, que, en el caso concreto, suelen reducirse a acudir a Pemex.
