Jack Smith presenta un recurso ante el Tribunal de Apelaciones acusando a la jueza que archivó la investigación de saltarse todos los precedentes.
AGENCIAS
CDMX
Donald Trump no podrá olvidarse por ahora del proceso de los papeles clasificados que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida). Aunque la jueza encargada del caso, Aileen Cannon, decidió archivar la causa, el fiscal especial Jack Smith ha recurrido ese fallo ante el Tribunal de Apelaciones para intentar reabrir el caso. En un escrito de 81 páginas, Smith acusa a la jueza Cannon, nombrada por el propio Trump, de saltarse todos los precedentes para anular el caso.
En una sorprendente resolución, la jueza concluyó que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, violó la Constitución porque no había sido nombrado por el presidente (lo hizo el fiscal general) ni confirmado por el Senado. Ahora, el fiscal dice que aquella decisión fue errónea. “El fiscal general nombró válidamente al fiscal especial, que también está debidamente financiado. Al dictaminar lo contrario, el tribunal de distrito se apartó de los precedentes vinculantes del Tribunal Supremo, malinterpretó las leyes que autorizaron el nombramiento del fiscal especial y no tuvo debidamente en cuenta la larga historia de nombramientos de fiscales especiales por parte del fiscal general”, indica el recurso.
“Si el fiscal general carece de poder para nombrar a funcionarios inferiores, esa conclusión invalidaría el nombramiento de todos los miembros del Departamento que ejercen una autoridad significativa y ocupan un cargo continuo, aparte de los pocos que están específicamente identificados por la ley”, dice el escrito. “El razonamiento del tribunal de distrito plantearía igualmente cuestiones sobre cientos de nombramientos en todo el poder ejecutivo, incluidos los Departamentos de Defensa, Estado, Tesoro y Trabajo”, añade.
El recurso señala que, desde antes incluso de la creación del Departamento de Justicia y hasta nuestros días, los fiscales generales han nombrado en repetidas ocasiones fiscales especiales e independientes para encargarse de las investigaciones federales, incluido el caso Watergate.
Los jueces del 11º circuito o división judicial serán ahora los encargados de resolver el recurso. Pero aunque dieran la razón al fiscal y anularan el archivo, Trump ya se habría apuntado una pequeña victoria: dilatar el caso. Además, los abogados del expresidente podrían recurrir a su vez ante el Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora de seis jueces a tres y en el que tres de los magistrados fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. El Supremo ha tenido importantes sentencias a favor de Trump en el último año judicial, incluida la que le reconoce una amplia inmunidad.
