FLAVIA MORALES/AVC NOTICIAS
XALAPA
El Poder Judicial de Veracruz reservó por cinco años la información del desvío de recurso que detectó en diversas auditorías durante la gestión de Joana Bautista Flores, administradora de este poder.
En febrero pasado, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que se interpusieron cuatro denuncias penales por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado cometidos en 2023 cuando Bautista Flores era administradora.
La magistrada dijo que las denuncias están soportadas en una auditoría interna realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial que reveló la existencia de empresas no localizables que obtuvieron contratos por casi 50 millones de pesos.
La auditoría realizada reveló más de 30 observaciones y recomendaciones que no pudieron ser solventadas.
Lisbeth Aurelia Jiménez dijo en una entrevista en abril pasado que las denuncias incluyen sustracción de mobiliario, robo especifico, peculado y administración fraudulenta.
Entre las empresas detectadas se encuentran: Crisan Tecnologías Móviles, Proveduría y Servicios Cafha, Casa Capacitación e Innovación Social, Alecasser Comercializadas que obtuvieron contratos por más de 40 millones y son empresas de reciente creación.
A estas denuncias se suma una observación de la auditoría superior de la federación en 2021 por daño patrimonial de 82 millones de pesos en fondos federales.
Joana Marlen Bautista Flores fue nombrada como titular de la Dirección general de administración del Poder Judicial, el 6 de agosto de 2020 y relevada del cargo en septiembre del 2023. Antes de ocupar el cargo era secretaria particular del subsecretario de administración y presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez.
AVC Noticias solicitó vía transparencia el pliego de inconsistencias y anexos resultado de las auditorías financiera y presupuestal a los H.H Tribunales Superior de Justicia, de conciliación y arbitraje y el Consejo de la judicatura.
Sin embargo, la contralora del Poder Judicial Paulina Ochoa Lara pidió reservar la información por cinco años argumentando que divulgarla, aún en versión pública, pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso.
La contraloría dijo que divulgar las auditorías podría poner en riesgo real la investigación de expedientes administrativos, ya que la exposición de documentos incluye a ex funcionarios públicos y particulares y presuntos responsables.
La reserva de la información fue avala por la directora general de administración de Poder Judicial, Diana Cruz Villegas y Jesús Alberto Islas, director de asuntos jurídicos, quienes son vocales del comité de transparencia.
AVC Noticias ha revelado la existencia de diversas irregularidades en la contratación de empresas al interior del Poder Judicial desde hace varios años.
En junio pasado se publicó la investigación, el poder judicial, el arte de simular contratos que revela mientras Edel Álvarez Peña era magistrado presidente del Poder Judicial, un grupo de 20 empresas sin domicilio ni trabajadores en planilla ganó contratos que suman 18.8 millones de dólares.
Dos de ellas fueron declaradas fantasma y tres de esos socios ya están siendo investigados en otro caso de corrupción en México. Se trata de una red de empresas a las que se les entregó millonarios contratos por parte del Poder Judicial de Veracruz, a pesar de que muchas de ellas no cumplían con los requisitos legales o ni siquiera contaban con trabajadores.
En otra investigación también se documentó que 2021 y 2022 cuando Isabel Romero era magistrada presidenta, el poder judicial entregó 53.1 mdp a empresas de reciente creación, algunas no tenían ni cinco meses creadas cuando recibieron contratos por casi diez millones de pesos.
Otra información revela que, en 2019, el Poder Judicial entregó 18.6 millones de pesos a una red de empresas que simularon licitaciones y operaciones. Las empresas estaban encargadas de dar servicio de soporte en las videograbaciones de la sala orales.
