PERLA SANDOVAL/AVC NOTICIAS
XALAPA
La alerta de género por agravio comparado, que tiene que ver con el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en Veracruz decretada en 2017, tiene apenas dos recomendaciones cumplidas de las 13 que se realizaron, señala un informe de cumplimiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Apenas este lunes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez comentó que esta alerta podría eliminarse por el cumplimiento de la misma, pero un informe revela que la alerta no está cumplida y hay medidas pendientes en el acceso a un aborto seguro en Veracruz sobre toda para menores de edad que son víctimas de violación.
“Nos solicitaron las acciones que se habían hecho y nosotros respondimos y dijeron que casi estaba todo cubierto. (No lo pedimos nosotros, retirarla), ellos en la reunión dijeron que ya estaba casi todo cubierto y preguntamos ‘qué procede’, entonces dijeron que probablemente el retiro de la alerta”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
Sin embargo, el informe de un grupo de expertas que analizó las medidas implementadas del 2020 a 2023 establece que de las 13 emitidas, siete se encuentran en proceso de cumplimiento, sólo dos se encuentran cumplidas y cuatro se encuentran no cumplidas.
La abogada de la organización Equifonía —una de las peticionarias de la alerta—, Adriana Fuentes Manzo, señaló que en el grupo del trabajo se analizó uno por una de las recomendaciones de la alerta por agravio comparado y la mayoría se votó por no cumplida, pues solamente está cumplida la modificación al Código Penal en temas del acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE).
Las únicas dos medidas cumplidas son las modificaciones del artículo 149, 150 y 154 del código penal de Veracruz —para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y eliminar el plazo de 90 días para la interrupción del embarazo en caso de violación— y divulgar e implementar la NOM-046 en caso de violencia sexual y también se acordó crear un programa estatal de Interrupción Legal del Embarazo.
Pero el gobierno de Veracruz ha incumplido con las demás medidas, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Veracruz ha disminuido la capacitación sobre la NOM46, del acceso al aborto en casos de violación sexual: “Esto puede interpretarse como una falta de interés en garantizar la atención inmediata a víctimas de violencia sexual o una disminución en el recurso destinado a estas acciones”, dice el documento.
El documento también advierte que, aunque se publicó el programa de “Aborto Seguro” en octubre de 2021, queda limitado a establecer lineamientos para el acceso al aborto legal, cuando su finalidad es garantizar los servicios de aborto seguro, legal y gratuito.
Tampoco menciona nada del aborto en el tercer bimestre en casos de violencia: “Es demasiado amplio el tema de la cadena de custodia del manejo de los residuos del feto en el aborto por violación y poco desarrolla la atención a las víctimas de la violencia sexual”.
El informe dice que la atención en primer y segundo trimestre del embarazo en mujeres, niñas y adolescentes sigue siendo un reto, en las zonas indígenas (Huasteca alta y Altas Montañas) varios casos llegan a las unidades médicas de segundo nivel de atención posterior a las 22 semanas de gestación.
El grupo señala que han transcurrido más de dos años desde que se publicó el programa estatal de “Aborto Seguro” e hizo un llamado enérgico a Sesver para la presentación de información y evidencia del indicador identificado como “Programa de mejora hospitalaria para provisión de servicio ILE”.
Sobre la medida siete del personal de salud no objetor de conciencia, capacitado en los métodos de interrupción legal del embarazo, el informe señala que 219 médicos en 48 hospitales no es suficiente, pues no se reportan en qué lugares se encuentran ubicados, los horarios y plantilla de personal.
También hay fallas en medidas como la de garantizar que el personal de salud salvaguarde el secreto profesional en el sentido de proteger el derecho a la salud y a la privacidad de las mujeres que acuden a que se les brinde este servicio y así evitar su criminalización.
El Poder Judicial no cuenta con sentencias emitidas por el delito de aborto u homicidio en razón del parentesco y a pesar de en el año 2021 el estado de Veracruz legalizó el aborto las mujeres hasta la semana 12, las mujeres están siendo privadas de su libertad por homicidio doloso por interrumpir su embarazo, por lo que se continúa criminalizando a las mujeres y sin respetar sus derechos.
Otro incumplimiento es el grupo de trabajo, considera preocupante que durante su informe el Poder Judicial informó que no cuenta con sentencias emitidas por el delito de aborto y homicidios en razón de parentesco y que no existen mujeres privadas de su libertad, imputadas o vinculadas a proceso o que estén en prisión preventiva, aunque las cifras del informe de seguridad si las registran.
El grupo de trabajo también señaló que el Poder Judicial no realizó ninguna acción dirigida a garantizar la reparación del daño, porque reportó no contar con ninguna sentencia relacionada con el delito de aborto u homicidio agravado y/o en razón del parentesco.
Otros incumplimientos señalados son que: Los servicios de salud no tienen un registro de los municipios e información desagregada de donde se realizan Interrupciones del Embarazo.
El Gobierno elaboró una campaña y diseño de carteles para difundir los alcaldes de la alerta, pero no presentaron un diseño intercultural al no contar con traducción o versiones en lenguas originarias.
La Fiscalía General de Veracruz no ha reportado ninguna acción en relación con la divulgación de los servicios que brinda en atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.
También se cuestionó que no haya esquemas de difusión de la Interrupción Legal del Embarazo en los servicios de salud de Veracruz.
RECURSOS DESTINADO A LA ALERTA SE ELIMINARÍAN
Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía, dijo que es poco probable que se elimine la alerta que pesa sobre el estado, a menos que las autoridades presenten una propuesta de una política más integral, pero eso habría también que determinarlo Conavim y el grupo de trabajo.
Sin embargo, advirtió que en caso de que se retire la alerta esto también significaría que la Conavim dejaría de destinar recursos al Estado de Veracruz para la aplicación de las medidas recomendatorias y como consecuencia sería el propio estado quien tendría que establecer los recursos para ello.
“Conavim tiene un presupuesto anual para el cumplimiento de las medidas en los estados sí y ha otorgado recursos para diferentes dependencias, entre ellas la propia Secretaría de Salud, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Fiscalía General, el CEJUM, entonces si se retira la alerta, el gobernador también tendría que considerar de dónde o cuánto presupuesto solicitaría al Congreso para para todos los rubros y medidas contempladas en la alerta, que por estar vigente si está otorgando el recurso el gobierno federal”.
González Saavedra indicó que la eliminación de la alerta sería posible siempre y cuando el gobierno presente una propuesta de política, pues insistió en que las alertas son las medidas urgentes y que es preocupante que hayan pasado ocho años y estas medidas urgentes apenas se estén dando por cumplidas.
“El riesgo con retirar la alerta es que dejen todo suelto y no cumplan con las medidas de manera suficiente y tampoco diseñen una política integral. Si no tienen una propuesta y al parecer no la tienen, entonces sería un riesgo”, dijo.
