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CdMX
La mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, para que pueda ser procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Con 230 votos a favor, 22 en contra de MC y 170 abstenciones del bloque opositor del PAN, PRI y PRD, se avaló la declaración de procedencia.
"Ha lugar a proceder penalmente en contra del C. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de Declaración de Procedencia solicitado en su contra por el Agente del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos Ejercicio Ilícito de Servicio Público, previsto en el artículo 214 fracción I, Código Penal Federal y Contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 139, fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", señala el resolutivo presentado por la Sección Instructora.
Con ello, queda expedita la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente, en el momento en que lo determine, contra Carmona Gándara, indica el dictamen.
También señala que la declaración de Procedencia se remite al Congreso del Estado de Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda, esto es, "para el sólo efecto de que se ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior".
Con ello, no se estaría reconociendo el hecho de que el Congreso de Morelos ratifique o no el desafuero del funcionario, como sucedió con el caso del ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, proceso que fue avalado por la Suprema Corte.
Carmona no se presentó en el pleno para realizar su defensa personal, sino que fue su abogado, Gabriel Regino, quien habló ante el pleno.
En representación de la Fiscalía General de la República, el fiscal Juan Gabriel Morales Hernández expuso que el 7 de mayo de 2020 se recibió una denuncia anónima en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
De tal denuncia anónima generó que el 8 de mayo de 2020 se generara la carpeta de investigación con nomenclatura FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000286/2020, por los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas contra la salud y en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Posteriormente, el primero de octubre del año 2020, el ciudadano Óscar Daniel Álvarez Roja presentó otra denuncia contra Uriel Carmona Gándara por no haber cumplido con los exámenes de control de confianza cuando fue electo Fiscal General de Morelos el 15 de febrero de 2018.
Se expuso que, ya siendo Fiscal, Carmona hizo nombramientos a favor de Juan Jesús Salazar Núñez, Pérez Avilés Héctor David, Chávez Carmona José Alejandro, Lulo Juan Zaida Janeth, Toledo Camacho Norma, fiscal especializada en representación para grupos vulnerables y asistencia social, y a Velázquez Luna Angélica Danaé, ex secretaria ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos, sin que cumplieran con los exámenes de control de confianza.
"Es claro que Uriel Carmona Gándara, probablemente ejerció el cargo de Fiscal General del Estado de Morelos a partir del 15 de febrero de 2018 sin tener cubiertos todos los requisitos que la legislación exige para ocuparlo. Esto es, no contaba con la certificación para desempeñarlo", explicó a los legisladores.
Al hacer dichos nombramientos a personal que tampoco cubría con los controles de confianza, se cometió presuntamente el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
"Señoras y señores diputados federales, es claro que debe retirarse la inmunidad procesal con la que cuenta el señor Uriel Carmona Gándara, con la finalidad de que se pueda ejercitar la acción penal correspondiente", solicitó.
El abogado defensor Gabriel Alejandro Regino García aceptó que Carmona no contaba con dicha certificación al momento de asumir el cargo, así como los funcionarios nombrados por el Fiscal.
Sin embargo, advirtió que no era requisito en la Constitución de Morelos y que todos los señalados, incluido el Fiscal, ya contaban con la certificación.
Argumentó que el desafuero es una "gran atrocidad" cometida contra Uriel Carmona, por ser un Fiscal autónomo que es perseguido, dijo, porque no se plegó a los designios del Gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Recordó que desde el 2014 los gobiernos estatales han hecho renunciar a 17 fiscales cuando se da el cambio de Administración.
"Han sido ya 17 fiscales a quienes los nuevos titulares del Poder Ejecutivo Estatal les han obligado a renunciar, con amenazas de denuncias disfrazadas de motivos personales, con lo cual, indirectamente se está violando un mandato constitucional".
Dijo que desde el inicio de la Administración de Cuauhtémoc Blanco, se le pidió a la Fiscalía de Carmona proceder penalmente en contra el Gobierno anterior de Graco Ramírez.
Expuso que ello se pidió "sin más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles".
"Pero la investigación de un crimen no está basada única y exclusivamente en los ánimos políticos de venganza, sino en evidencias científicas y datos de prueba", aseguró Regino García.
Manifestó que ello no fue casualidad, porque ante la negativa de la Fiscalía a obedecer al Gobierno del Estado, "de plegarse a un juego político que no le correspondía", de repente surgieron las denuncias contra Uriel Carmona en la Unidad de Combate al Terrorismo de la FGR.
Insistió en que no hubo delito, porque la Constitución del Estado de Morelos no exige como requisito los controles de confianza.
Agregó que, además, se le imputa un delito que ya prescribió.
"Como no se le había podido doblegar, se le quiso imputar, como se ha hecho, la muerte desafortunada de una joven, sobre la que el Fiscal no tiene participación, ni responsabilidad alguna", reclamó por las acusaciones recientes desde la capital el País.
Citó el caso de la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que busca ser ratificada a pesar de que se le acusa de fabricar carpetas de investigación, como sucedió en su contra, cuando fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México.
"Y esa sesión que se está llevando en estos momentos (la ratificación de Godoy) está plagada de amenazas a diputados con carpetas de investigación. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país.
"Hoy lo que está en debate no es solamente la dignidad y la inocencia de un servidor público. Lo que está en riesgo es la democracia de este país y la autonomía de las instituciones y los órganos constitucionales autónomos", sostuvo.
Pidió que no se utilizara a los diputados para acabar con los órganos constitucionales autónomos.
"El Fiscal del Estado de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito. Diputadas, diputados, en sus manos no solamente está su dignidad, sino la suerte que va a correr México en los siguientes años con fiscalías inclinadas e hincadas hacia el poder político y al poder punitivo", puntualizó el defensor del Fiscal de Morelos.
También denunció que la Fiscalía General de la República nunca citó a Uriel Carmona para que conociera de la denuncia en su contra.
"¿Dónde quedan entonces los derechos constitucionales? ¿Dónde queda el derecho constitucional de poder defenderse ante el Ministerio Público? ¿Se va a anular o vamos a seguir procurando que cuando se trate de adversarios políticos hacer investigaciones en lo oscurito para de repente caerles con una orden de aprehensión? ¿Van a seguir autorizando esas mismas prácticas?", planteó antes de la votación.
Uriel Carmona enfrenta una lluvia de imputaciones, principalmente por el feminicidio de Ariadna Fernanda López.
Desde agosto, el funcionario es blanco de la Fiscalía de la CDMX, que le endosó tres delitos: contra la procuración y administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliador.
Por las tres imputaciones fue detenido y vinculado a proceso, pero también fue ordenada su liberación en el mismo número de ocasiones. En un principio fue recluido en el Reclusorio Sur, pero el 5 de septiembre, Carmona fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
El 13 de septiembre nuevamente se le había otorgado la libertad inmediata por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador; la Fiscalía capitalina ya no tenía elementos en su contra.
Un día después, elementos policiales de Morelos cumplieron una nueva orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de ese estado por la presunta tortura cometida contra Luis Alberto Ibarra Martínez, alias "El Diablo".
La misma institución se desistió de la orden de aprehensión, pero un juez de control en Morelos decidió relevar a la Fiscalía Anticorrupción del caso y dejar la investigación en manos de la FGR, por lo que el funcionario continuó preso.
Una jueza local del Morelos lo vinculó a proceso una semana después, no obstante, el 21 de septiembre, un tribunal federal nuevamente declaró fundada la queja que presentó la defensa de Carmona y determinó que la juzgadora violó su fuero constitucional al acusarlo de tortura, por lo que ordenó su libertad provisional.
Un día después abandonó el penal de máxima seguridad de Almoloya.
