PERLA SANDOVAL/AVC NOTICIAS
XALAPA
La Fiscalía General de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de Salud han rechazado 27 recomendaciones por diversas violaciones a los derechos humanos durante 2023.
La numeralia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) detalla que la Fiscalía de Veracruz ha rechazado 16 recomendaciones por casos de dilación en la investigación de personas desaparecidas y extravío de carpetas de investigación.
Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública rechazó siete recomendaciones por casos de detenciones arbitrarias, actos de tortura física y psicológica y exceso de la fuerza pública. La Secretaría de Educación ha rechazado cinco recomendaciones que van desde violencia laboral hasta el no pago del seguro institucional.
En 2022, la Fiscalía de Veracruz y la Secretaría de Seguridad rechazaron ocho recomendaciones por diversas violaciones a derechos humanos.
Según la ley, la CEDH tiene la facultad de solicitar al Congreso del Estado llamar a comparecer a funcionarios que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, para que expliquen el motivo de la negativa.
En abril de este año, la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, dijo que analizaba la posibilidad de solicitar al Congreso de Veracruz mandar a llamar a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, a fin de que explique la negativa para aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión.
“Estamos ponderando, claro, si lo establece. ¿Podemos hacerlo? Sí”, respondió de manera escueta.
En el marco del día de los derechos humanos que se conmemora el 10 de diciembre, AVC Noticias documentó las recomendaciones emitidas por la CEDH y que fueron rechazadas por las diversas dependencias.
ANTE DESAPARICIONES DE HERMANOS POBLANOS, FISCAL EN VERACRUZ PEDÍA DINERO
El 16 de julio del año de 2019 los hermanos empresarios Liliana y Sergio Rueda desaparecieron tras salir de Tehuacán uno y de Cholula la otra, en el estado de Puebla hacia Córdoba, luego de que recibieron el reporte de que de sus trabajadores había sido secuestrados y ellos acudieron a pagar el rescate.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 53/2023 al advertir que hubo omisión por parte de la Fiscalía General de Veracruz y de la Comisión Estatal de Búsqueda para investigar este caso y se comprobó que la fiscal encargada del caso pedía dinero a la familia para “agilizar” las diligencias.
Los hermanos habían incursionado con su empresa Tarjeta Blanca en la entidad veracruzana y acudieron a Veracruz luego de que recibieron el reporte de que cinco de sus trabajadores habían sido secuestrados y ya se había concretado el pago del rescate.
La esposa de Sergio relató que perdieron contacto con ellos, por lo que presentaron la denuncia en Córdoba; sin embargo, narró que la “fiscal me solicitaba dinero, varias cantidades en momentos distintos, los cuales le depositaba con tal de saber sobre el paradero de mis familiares, sin embargo no ha sido así, ya que no se cuenta con sábanas de llamadas, ni con los videos, así como tampoco constan las diligencias básicas para encontrar la línea de investigación que me haga llegar a la verdad histórica de los hechos”.
Como resultado, la CEDH recomendó a la Fiscalía y a la Comisión iniciar procedimientos internos de Investigación Administrativa para determinar las responsabilidades individuales de los servidores públicos responsables; entre otras, pero estas fueron rechazadas.
HERMANOS FUERON SACADOS DE SU VIVIENDA EN 2013
Otras de las recomendaciones están relacionadas con desapariciones forzadas, como la ocurrida el 5 de octubre de 2013, cuando tres hermanos fueron sacados de su vivienda por parte de al menos 10 policías estatales armados, que los golpearon y detuvieron frente a sus familiares.
La CEDH emitió la recomendación 045/2023 hacia la SSP y la Fiscalía General veracruzana; sin embargo, esta fue rechazada.
En la recomendación de la CEDH se estableció que, desde el 10 de octubre del 2013, el fiscal encargado tenía conocimiento de los cuatro números de patrullas de la SSP, presuntamente implicados en la desaparición. No obstante, hasta el 12 de mayo del 2015, es decir 19 meses después, se elaboró el oficio para solicitar a la SSP información relativa al parque vehicular asignado a la Delegación de la Policía Estatal de Córdoba, Veracruz, durante el año 2013.
La CEDH determinó que la conducta evidenciada por la Fiscalía ha sido omisa, tardía, negligente y, hasta el momento, infructuosa. Además, a pesar de que las autoridades les pidieron 80 fotografías de los desaparecidos para “boletinarlos” no fue sino hasta un año después que la Fiscalía solicitó diligencias de búsqueda de los tres hombres y dos años después se obtuvo el perfil genético de los familiares.
Sin embargo, la SSP ha negado en reiteradas ocasiones haber participado en la detención de los tres hombres e incluso se negó a entregar información como el parque vehicular de la dependencia. A ello se suma que la indagatoria permaneció inactiva durante un año y fue hasta el mes de octubre del 2014 que se retomaron los actos de investigación y se diligenciaron las demás solicitudes de búsqueda y colaboración.
El organismo defensor de derechos humanos emitió la recomendación para SSP en la que se incluye pagar por el daño moral y psicológico derivado de la desaparición forzada, además de ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familiares; así como restablecer el honor y dignidad de los desaparecidos. También recomendó colaborar con la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda a fin de que se determine el paradero de las personas y se identifique a los responsables de su desaparición forzada.
A la Fiscalía recomendó agotar todas las líneas de investigación razonables para identificar a los responsables de la desaparición, además de pagar una compensación a los familiares de la víctima. Y recomendó instruir el inicio de procedimientos internos de investigación administrativa para determinar las responsabilidades individuales de los servidores públicos responsables de las omisiones que han impedido la resolución de la carpeta de investigación.
ELEMENTOS DE LA UECS SON SEÑALADOS POR TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA
El 29 de abril de 2018, un hombre fue detenido en Martínez de la Torre, y tras esto fue sometido a actos de tortura física y psicológica ejecutados por elementos de la Policía de Investigación de Campo Operativa de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 067/2023 por este caso en el que el hombre viajaba a bordo de un taxi como pasajero y un grupo de hombres armados lo detuvieron.
Durante la detención lo golpearon en el cráneo, y ya en la Unidad Antisecuestro de Xalapa fue sometido a tortura:
“Comenzaron a torturarme, me pusieron una capucha negra en la cabeza, me decían que firmara y aceptara que yo había cometido secuestros, pero como yo me negué me golpearon con la mano en la nuca, pero como no hablé, agarraron una tabla con la que me golpearon de tablazos en la espalda, en mi glúteo derecho, en el hombro izquierdo, en ambos pies en el pie izquierdo me arrancaron con los golpes pedazos de piel y en el derecho me arrancaron una uña”.
Narró que en las heridas de las espaldas le pusieron sal y cloro en repetidas ocasiones e incluso intentaron violarlo sexualmente al querer introducir un palo por el ano.
SEV NO ATIENDE CASO DE MALTRATO A MENORES
A pesar de que son la Fiscalía y la SSP las dependencias que más rechazo han mostrado a las recomendaciones de órganos defensores de derechos humanos, hay otras que han actuado de la misma manera como en el caso de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
La recomendación 065/2023 narra el trato discriminatorio contra un estudiante al interior de una escuela de Chicontepec y la omisión de la dependencia para investigarlo; los hechos ocurrieron en 2018
En la queja se advierte que un profesor incurrió en violencia psicológica contra uno de sus alumnos, a quien sometía a agresiones y humillaciones verbales, llamándolo gay frente a sus compañeros.
A pesar de que esto fue denunciado a la dependencia, no hubo investigación sobre el tema; como resultado, la CEDH recomendó a la SEV pagar una compensación por el daño moral causado al menor de edad; ofrecer una disculpa privada, en la que se reconozcan las violaciones a sus derechos humanos, su responsabilidad en éstas y se asuma el compromiso de reparar el daño, pero se negó.
En otra recomendación, la 44/2023 la SEV se negó a reconocer la violencia laboral al interior de la Escuela Secundaria General Heroica de Veracruz, en el puerto de Veracruz, en contra de una trabajadora.
Narró que vivió un caso de abuso de autoridad, prepotencia y malos tratos del Director de la Institución, que fue denunciado desde el 2015 sin que se atendiera su caso.
La CEDH determinó entre otras cuestiones iniciar un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad individual de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados en la violación a derechos humanos, pero la recomendación no fue aceptada.
