Yhadira Paredes
Xalapa
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reconoció que existe corrupción al interior de este poder, mismo que se está combatiendo.
En el primer informe de actividades al frente del Poder Judicial, donde estuvo presente Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado, dijo que estas prácticas se están sancionando.
Y es que, dijo, se trata de un fenómeno arraigado, por lo que al llegar al cargo supo que era primordial encararlo.
“El primer paso para resolver esta problemática era reconocer que esta institución no estaba exenta de las malas prácticas, que laceraba la impartición de justicia en la entidad. Afortunadamente, el común denominador de las y los empleados judiciales es la honestidad; no obstante, era necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y disciplina para reivindicar nuestra imagen”.
En su mensaje informativo, refirió que se han realizado 35 sesiones ordinarias y 184 extraordinarias, que desencadenaron, entre otras cosas, en 192 Procedimientos Administrativos Sancionadores, de los cuales se resolvieron 165, responsabilizando a 36 servidores públicos.
PRESUME ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DESPARICIÓN FORZADA
Han sido atendidas las inquietudes y demandas de las familias de los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de enero de 2016, aseguró la magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
En su mensaje en su primer informe de labores, dijo que se ha dado apoyo a las familias víctimas de violencia en el estado.
La presidenta mencionó el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, el 11 de enero del 2016, cuando viajaban de regreso de un fin de semana en Veracruz.
"Soy partidaria de escuchar a las personas que durante mucho tiempo han buscado en las instituciones de justicia una respuesta, a diferencia de otras épocas, sus inquietudes han sido atendidas de manera puntual y personal, como en todos los casos, incluyendo el de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca".
Y es que, hay que recordar que se trata de Mario Arturo Orozco (27 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), Alfredo González (25 años), José Benítez de la O (24 años) y Susana Tapia (16 años), quienes presuntamente fueron levantados por policías y posteriormente entregados a un Cartel.
Aurelia Jiménez señaló que con el propósito de otorgar atención y certeza jurídica a las personas procesadas realizó visitas a diversos Centros de Reinserción Social, como lo son, Coatzacoalcos, Tuxpan, Papantla y Pacho Viejo.
