*Se hizo la defensa jurídica correspondiente, reveló la diputada Octavia Ortega
*Las presuntas anomalías fueron aclaradas en tiempo y forma
Yhadira Paredes
Xalapa
La presidenta del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, aseveró que la sanción impuesta el pasado 30 de julio por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al gobernador Javier Duarte de Ochoa por actos anticipados de campaña no procedió ante este poder.
Explicó que se recibió la notificación por parte del INE, pero el jurídico del Gobierno del Estado había hecho la contestación pertinente y gracias a eso, la sanción administrativa no procede.
“Fueron aclarados en su momento por el Departamento Jurídico del Gobierno estatal. No procede ya, porque fue contestada en tiempo y forma por el jurídico del Gobierno”.
Entrevistada antes de la entrega de órdenes de presentación a profesores de nuevo ingreso al sistema educativo veracruzano, indicó que esta sanción no procedió.
Hay que recordar que el Consejo General del INE en su sesión del 29 de julio envió al Congreso de Veracruz una solicitud para sancionar al gobernador por haber violado la veda electoral, tras publicar en un medio de comunicación nacional un folletillo con logros y avances de su administración.
Por otra parte, cuestionada sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el tema de la Ley del IPE, donde echó abajo varios artículos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso indicó que se tendrá que analizar la resolución.
“Estamos hablando de que tenemos que revisar la notificación para saber que artículos hay que cambiar. Ahorita el día de hoy tenemos Junta de Coordinación Política con los coordinadores parlamentarios y se tocará el tema, después de hoy estaré en condiciones de decir que procede”, finalizó.
Hay que señalar que la SCJN determinó invalidar los artículos 19, 32, el tercero transitorio y porciones del 16 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz para salvaguardar los derechos de los trabajadores retirados y de los propios activos del Instituto de Pensiones del Estado.
La impugnación fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde su nacimiento consideraba como violatoria la aportación que tenía para fortalecer las finanzas del IPE; se desecharon 4 de 5 artículos objetados.
