Este martes, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un oficio de colaboración, recibió la visita de dos agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que acuden a Veracruz a solicitar la declaración de funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
El motivo de la solicitud de declaración de estos servidores y exservidores públicos es ampliar las investigaciones en torno al caso del multihomicidio ocurrido el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en el que fueron hallados sin vida, entre otras personas, el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.
Caber recalcar que los funcionarios de la PGJDF no tienen jurisdicción en Veracruz, por lo que cualquier actuación que quisieran hacer en nuestro territorio no tendría validez sin el apoyo de las autoridades estatales.
Desde el primer momento en que el gobernador Javier Duarte de Ochoa fue enterado de este aberrante hecho, se puso en comunicación con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a quien le ofreció el apoyo y la colaboración institucional de manera incondicional por parte de las instituciones veracruzanas, situación que ha quedado clara y manifiesta, inclusive con su propia declaración.
El Gobierno de Veracruz y, en especial el Gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México, donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad de las autoridades de aquella entidad resolver el caso.
En los casos que ha correspondido a las autoridades de Veracruz esclarecer un hecho, en el que ha sido ultimado un comunicador, se ha hecho, existiendo personas que tienen sentencias condenatorias por parte de la autoridad judicial, así como detenidos que están llevando su debido proceso esperando la sentencia correspondiente.
En Veracruz el periodismo se ejerce sin cortapisas, basta con leer, escuchar o ver los cientos de medios de comunicación de la entidad para darse cuenta de ello. Existe un pleno respeto a la crítica pública que se ejerce con toda libertad, y una preocupación por los atentados contra la integridad física de cualquier periodista, que se traduce en acciones claras por parte de la autoridad para garantizar el ejercicio de su profesión.
