· Atenderán solicitud de Declaración de Procedencia contra el edil de Fortín conforme a la ley
· Necesario acortar los tiempos del proceso de desafuero, expone el Diputado, vocal de la Comisión de Gobernación
A los legisladores locales nos corresponde analizar la viabilidad de retirar el fuero constitucional al servidor público que sea señalado por la comisión de algún delito, no juzgar su inocencia o culpabilidad, esto compete a las instancias judiciales, aclaró el vocal de la Comisión Permanente de Gobernación de la Legislatura local, Eduardo Sánchez Macías.
En entrevista, el Diputado se refirió a la solicitud de Declaración de Procedencia que presentó el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ante la Presidencia del Congreso, este martes 3, en contra del presidente municipal de Fortín, Armel Cid de León, por el presunto delito de violencia familiar equiparada.
El legislador explicó que, a partir de la presentación de la solicitud, la FGE tiene tres días para radicar la denuncia, y de ser así, la Secretaría General enviaría el expediente a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, para valorar en conjunto las pruebas y determinar si procede o no; de ser afirmativo, la Comisión Instructora continuaría el proceso.
Al recordar que el caso de Medellín de Bravo se refiere a la presunción de homicidio, y el de Fortín, a la supuesta agresión contra una mujer, afirmó que en ambos casos se aplicará la justicia sin distingo de partidos ni tintes políticos.
Respecto a la supresión o continuidad del fuero, consideró que esta protección constitucional es necesaria, porque permite mantener el equilibrio entre poderes y evita caer en revanchismos entre actores políticos, sin embargo, consideró necesario reducir los tiempos del proceso de desafuero, para una mejor aplicación de la justicia.
