Yhadira Paredes/
Xalapa.-
Como lamentable calificó Hipólito Rodríguez Herrero, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) del Golfo y activista ambientalista, el hecho de que la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) del Estado se encuentre limitada en la aplicación de sanciones y su falta de atribuciones para exigir la remediación en los daños ambientales que se registran en la entidad.
Ejemplo claro, dijo, son los dos derrames de crudo en ductos de Petróleos Mexicanos que se registraron en las últimas semanas en la zona de Tierra Blanca y Coatzintla.
Ante esta situación es necesario que la Legislatura local haga lo necesario para dar mayores atribuciones de fiscalización y sancionador a la PMA en contra de empresas y paraestatales que dañen el territorio veracruzano.
Rodríguez Herrero indicó que de no ampliarse estas atribuciones, la existencia de la Procuraduría, ahora a cargo de Dalos Ulises Rodríguez Vargas, no tiene razón de ser.
Lamentó que los gobiernos estatales ya no tengan atribuciones jurídicas para defender su territorio, lo que permite que organismos federales como Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente trasgredan el estado de derecho.
Asimismo, expuso que la falta de facultades de la Procuraduría Estatal para exigir trabajos de remediación de Pemex en los derrames pone en evidencia que las entidades federativas han perdido soberanía sobre su territorio.
Por ello se pronunció porque se den mayores atribuciones “pues de los contrario no tiene sentido su existencia. Si no tiene facultades para intervenir, entonces para qué existe la misma si no puede poner límites a Pemex, la que más daño le hace a Veracruz”.
Se debe idear —consideró— una estrategia para que la Legislatura del Estado brinde mayores atribuciones a la Procuraduría para que exija a Pemex o cualquier otra dependencia la remediación de los impactos ambientales.
“Si no es el PMA debe ser la Profepa la que esté multando a Pemex, pero todo parece indicar que hay acuerdos entre Conagua, Profepa y Pemex de no hacer nada y eso es muy grave, porque son evidentes los actos de impunidad. Se debe hacer respetar el estado de derecho también en los temas ambientales”.
