Guadalupe López Espinosa/
Xalapa.-
El nuevo sistema penal acusatorio empezará a aplicarse el próximo 11 de noviembre en varios distritos judiciales del norte del estado. Para ello se adaptarán las pequeñas salas con que ya se cuenta y que no reúnen las exigencias que establece la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para este nuevo sistema, señaló el magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Dijo que ya están preparados para ello y lo que les faltaría en algunos de esos distritos es tener su propio edificio, en lo que ya se está trabajando.
Agregó que entre el 15 y el 20 de noviembre se podría inaugurar el edificio de Pánuco, en el cual se ha avanzado hasta 95 por ciento, Mientras tanto, la construcción de infraestructura necesaria para los juicios orales ya inició en Tuxpan, por lo que resta iniciarla en Ozuluama, Tantoyuca, Chicontepec, Huayacocotla y los otros distritos en donde se echarán a andar los juicios orales el próximo año.
Sin embargo —apuntó— si ésta no se construye se podría hacer uso de espacios ya existentes y adaptarlos para que, en tanto no haya un lugar ex profeso para la nueva administración de justicia, se pueda trabajar en esas pequeñas salas que no reúnen las exigencias que establece la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para este nuevo sistema.
Respecto al caso de Antonio Hernández (el Silva), a quien se le acusa de haber participado en el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, y quien fue reaprehendido por orden de un juez federal, comentó que hay un nuevo amparo interpuesto por una de las partes (el Silva). Por lo anterior, se está a la espera del fallo y lo más probable, adelantó, es que se confirme el resolutivo de la séptima Sala respecto a su reaprehensión.
Mientras tanto, dijo, Antonio Hernández está a disposición del Poder Ejecutivo toda vez que ya fue sentenciado a 38 años de prisión y esto implica que tiene que estar en un Centro de Readaptación Social.
Respecto a la denuncia hecha por 69 empleados del Tribunal Electoral del Estado en el sentido de que no les pagaron dos quincenas y que a pesar de haber solicitado formalmente que les otorgaran contratos de manera indefinida solo se les ofreció contratos por tres meses, dijo que si se les dio lo último fue porque así fue solicitado.
“Si se les dio por tres meses es porque así fue solicitado; ahí están los contratos, yo no voy a decir algo que no es, si así está pedido por el Tribunal Electoral, así fue como lo concedimos”, puntualizó.
Igualmente, Sosa Hernández aclaró que solo una quincena se les debía, la cual ya fue cubierta, situación que se dio por varias razones, entre las que citó que como los contratos se dan por adelantado, después si hay una irregularidad en éstos se tienen que corregir para que Sefiplan los pague.
Asimismo, destacó que tiene una amistad de más de 30 años con Daniel Ruiz Morales, magistrado presidente del Tribunal Electoral, por lo que rechazó que haya diferencias y confrontación entre ambos.
“Le quiero decir que el magistrado Daniel Ruiz Morales es mi amigo desde hace más de 3O años y no tengo nada en contra de él y de ninguno de los otros magistrados, todos trabajamos en armonía y coordinadamente".
Por último, apuntó que en el caso de los trabajadores no es el presidente del Tribunal el que decide, sino el Consejo de la Judicatura.