*Presenta iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz
*Una de las prácticas de corrupción más comunes entre los servidores públicos es el tráfico de influencias y el conflicto de intereses, advierte
Guadalupe López Espinosa
Xalapa
El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó durante la sesión de la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Veracruz, que tiene por objeto imponer candados para la designación del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
En su exposición de motivos señalan que una de las prácticas de corrupción más comunes entre los servidores públicos es el tráfico de influencias y el conflicto de intereses.
Mencionan que los titulares de los órganos de control y fiscalización tienen el compromiso ineludible de observar y aplicar en su actuar, en todo tiempo y lugar, los principios de legalidad e imparcialidad.
“No es ético ni moral que el desempeño de un cargo de tal envergadura se ejerza con suspicacia o con la presunción de apoyar o propiciar acciones que fortalezcan intereses particulares, ligadas al gobierno o a grupos políticos”, mencionan.
Los diputados y las diputadas de Acción Nacional “exigimos que en la designación del Titular del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, y de los titulares de las dependencias o entidades de la Administración Pública u algún otro poder público en general, no existan o se presuma conflictos de interés que alejen al servidor público de los principios que rigen el desempeño del servicio público”.
En ese sentido, manifiestan que la presente iniciativa tiene por objeto evitar los conflictos de intereses y la falta de independencia en la designación del titular del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz.
Por una parte se propone que, entre los requisitos de elegibilidad del titular del Órgano de Fiscalización, no se haya ejercido la titularidad de un ente fiscalizable en los últimos tres años, con el objeto de evitar la posible incompatibilidad en el ejercicio de la función fiscalizadora, derivada de un conflicto de intereses entre el cargo que ejerció y el que ejercerá.
Asimismo, se prevé que quien vaya a ser designado o sus familiares cercanos no tengan relaciones jurídicas con despachos de auditoría contratados por el Órgano de Fiscalización, ni con proveedores o contratistas de la Administración Pública. Todo ello, con un plazo de tres años anteriores a la designación.
Por otra parte, se propone limitar la reelección del titular del Órgano de Fiscalización, para que no pueda ser nombrado en más de dos ocasiones y además, que a la conclusión del encargo no pueda ocupar ningún cargo en los poderes públicos durante un plazo de tres años posteriores, a efecto de evitar algún pago de favores.
Por todo lo anterior, dicho grupo legislativo presentó su Proyecto de Decreto que reforma los artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, mismo que fue turnado a las Comisiones correspondientes para su análisis.
