*El director de Servicios Jurídicos del Congreso negó que afecte los derechos de los jubilados y pensionados
*Acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH tardaría hasta un año en resolverse
Jorge Morales
Xalapa
El director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Vito Lozano Vázquez, puso en duda la posibilidad de que los amparos promovidos por derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la nueva ley del organismo prospere.
El también presidente de la asociación Foro de Abogados de Veracruz negó que la Ley afecte los derechos de los jubilados y pensionados, pues el artículo tercero transitorio de la norma los deja fuera de los efectos de la misma.
Por otra parte, en relación con los trabajadores activos, dijo que la Ley todavía no tiene un impacto concreto y directo, por lo que no están “legitimados” ni existe “materia” para ser amparados por juzgados federales.
“Para que alguien pueda interponer un juico amparo debe estar legitimado, agraviado y hasta ahorita a ningún pensionado (o activo) le han aplicado ningún descuento, por lo que está sin materia”.
“En el momento en el que les estén descontando estarán en su legítimo derecho de (ampararse)”.
Cabe destacar que la nueva ley aumenta la cuota de aportación de los trabajadores del 11 al 12 por ciento.
Va para largo
Por otra parte, Vito Lozano estimó que será dentro de medio a un año o más cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la ley del IPE.
Refirió que la acción contra los artículos 16, 19,32, 59 y 16 de la Ley del IPE busca declararlos inconstitucionales para que éstos tengan efectos generales.
Sin embargo, opinó que los artículos combatidos por la CNDH “no contradicen” a la Constitución federal, por lo que dudó que prospere.
“Pero esto lo tiene que determinar la SCJN y puede tardar medio año o un año. Ahorita la acción la promovió la CNDH y lo manda a la Suprema Corte y ésta tiene que notificar a las partes involucradas, hacer la contestación y llevar la audiencia de pruebas y alegatos y esto lleva tiempo”.
