Al menos nueve millones de personas en México no tienen acceso al vital líquido y otras 11 millones no cuentan con servicio de drenaje
Esta población se encuentran en una situación de atraso de 30 años respecto al promedio nacional
Amaranta Rivas
Xalapa
Por lo menos, nueve millones de personas en México no tienen acceso a agua potable y otras 11 millones no cuentan con servicios de alcantarillado, según datos oficiales que dio a conocer Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda).
En entrevista al hablar sobre el derecho humano al agua, varios activistas que pertenecen a diferentes grupos ambientalistas, como Lavida, expusieron sobre la necesidad de contar con un marco jurídico que instrumente el derecho humano al agua, incluido desde febrero de 2012 en la Constitución y que no ha sido plasmado aún en una Ley General de Aguas.
“A pesar de que ésta debería haberse expedido hace más de un año porque así lo requirió al Congreso de la Unión el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en la materia”, dijo.
Ante esta situación, Alanis Ortega refirió a los datos oficiales de quienes padecen del vital líquido, pero reveló que la mayoría de estas personas vive en las zonas rurales del país y se encuentran en una situación de atraso de 30 años respecto al promedio nacional.
Recordó que en febrero de 2012 fue reformado el artículo 40 constitucional, en el cual se estableció de forma expresa el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Dicha reforma garantiza que este derecho se dé, pero para ello se debe contar con un marco jurídico que facilite el establecimiento de metas concretas y la identificación de prioridades en las políticas públicas; las responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal, así como de actores sociales y privados que están relacionados con el tema.
El director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC manifestó que "el acceso de todas las personas al agua limpia, suficiente y segura ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un derecho humano independiente, considerado indispensable para la realización de otros derechos”.
Por ello, urgió al Congreso que expida la Ley General de Aguas, pues es lo que dará certeza jurídica a las acciones que el país requiere llevar a cabo para solucionar los problemas y rezagos que tenemos en esta materia.
