Amaranta Rivas/Xalapa, Ver.- Por lo menos 9 millones de personas en este país no tienen acceso a agua potable y 11 millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado, según datos oficiales que dio a conocer Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
Al hablar sobre el derecho humano al agua, varios activistas que pertenecen a varios grupos ambientalistas, como La VIDA, expusieron sobre la necesidad de contar con un marco jurídico que instrumente el derecho humano al agua incluido desde febrero de 2012 en la Constitución y que no ha sido plasmado aún en una Ley General de Aguas, a pesar de que ésta debería haberse expedido hace más de un año porque así lo requirió al Congreso de la Unión el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en la materia.
Por eso, Alanis Ortega se refirió a los datos oficiales de quienes padecen este vital liquido, pero sobre de la mayoría de estas personas vive en las zonas rurales del país y se encuentran en una situación de atraso de 30 años respecto al promedio nacional.
Los grupos ambientalistas recordaron que en febrero de 2012 fue reformado el artículo 40 constitucional, en el cual se estableció de forma expresa el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Dicha reforma garantiza de que este derecho se de, pero para ello se debe contar con un marco jurídico que facilite el establecimiento de metas concretas y la identificación de prioridades en las políticas públicas; las responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal, así como de actores sociales y privados que están relacionados con el tema.
El director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., manifestó que "el acceso de todas las personas al agua limpia, suficiente y segura ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un derecho humano independiente, considerado indispensable para la realización de otros derechos.
Por ello, urgieron al Congreso que expida la Ley General de Aguas, pues es lo que dará certeza jurídica a las acciones que el país requiere llevar a cabo para solucionar los problemas y rezagos que tenemos en esta materia.
Expusieron que actualmente, existen factores que amenazan la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano, como son la disparidad entre la distribución del agua, los impactos del cambio climático, la sobreexplotación, así como la contaminación de la mayoría de los acuíferos del país.
Citaron que el gran reto que México tiene enfrente para garantizar la sustentabilidad en el acceso a agua suficiente y segura para consumo en usos personales y domésticos.
Recomendaron que la legislación sobre el derecho humano debe garantizar su ejercicio en condiciones de sustentabilidad y tomarse medidas tales como reducir el agotamiento de los recursos hídricos por extracción no sustentable; no contaminar las cuencas y los ecosistemas hídricos; asegurar que los proyectos de desarrollo no interfieran con el acceso a las reservas hídricas; reducir el desperdicio en la distribución; contar con mecanismos eficaces de emergencia; y evaluar los impactos de acciones como la deforestación, la desertificación, así como el cambio climático.
