Ante la posibilidad de que amparos no procedan, se recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Insisten en que la nueva legislación atenta contra diversos derechos de los trabajadores
Jorge Morales
Xalapa
El abogado Rogelio Ordóñez Solana informó que a partir de la próxima semana y hasta principios de septiembre se presentarán amparos contra la recién aprobada ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Aunque admitió que hay pocas posibilidades de ganar el amparo, dijo que su apuesta es llevar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista con El Heraldo de Xalapa, aseguró que la nueva legislación atenta contra diversos derechos de los trabajadores.
Entre éstos mencionó el que la cotización de las pensiones se deba hacer ahora mediante un sueldo regulador, establecido en el artículo 3, consistente en el promedio ponderado de los sueldos de cotización que tuvo el trabajador durante su vida laboral, previa actualización mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
De acuerdo con el litigante, esto implica que el IPE “se maneje como si fuera un ente regulador financiero, como si fuera un banco”.
Además, ello significará una disminución de las pensiones. “Porque todas las pensiones de viudez, orfandad, vejez, jubilación anticipada, al momento recibirla trabajador y en los cinco años subsecuentes, baja 50 por ciento la pensión”.
Dijo que otra disposición “lesiva” es que ahora los trabajadores ya no podrán jubilarse por dos o tres trabajos que hayan desempeñado durante 30 años, como lo establece el artículo 29.
“Si un maestro toda su vida trabajó en la mañana en una primaria del estado y cotizó en pensiones y en la tarde trabajó en una secundaria federal y tiene también el sistema del Issste, se le prohíbe cobrar las dos al mismo tiempo, pues si lo hace, tendrá que devolver la que le dio el IPE durante ese plazo”.
Otro aspecto es el llamado límite que se impone para que nadie pueda cobrar una pensión mayor a 50 mil pesos.
Ordóñez Solana cuestionó igualmente la disposición del artículo 29 que señala que “es igualmente incompatible la percepción de una pensión con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados a cargo de los Entes Públicos incorporados”, pues ello significa que si una persona volviera a trabajar en alguna institución afiliada al IPE, automáticamente se le suspenderá el pago de la pensión. “Hay una prohibición para los jubilados”, lamentó.
Asimismo, dijo que muchos de los efectos de la ley son para aquellos trabajadores que ingresaron en 1997, considerados como del régimen de transición, por lo que la ley tiene efectos retroactivos.
Rogelio Ordóñez reconoció que es posible que el amparo no prospere, pues los jueces podrían determinar que aún no se concreta la afectación a los derechos que reclaman los trabajadores.
No obstante, apuntó: “No nos preocupa tanto de ganar o no el amparo, sino que esto es una cuestión que nos abre camino a la Corte Interamericana, pero tenemos que agotar el procedimiento de amparo porque aquí todo es componendas políticas. Incluso, yo ya tengo mi primer juicio en la Corte Internacional de Ginebra contra la Secretaría de Educación de Veracruz”, comentó.
Hasta la fecha su despacho elabora unos tres mil amparos contra la ley del IPE, pero en los próximos días podría incrementarse pues “nos lo están pidiendo algunos empleados de la Universidad Veracruzana y de los municipios en Orizaba y Córdoba”.
